Ayuso blinda la red concertada en Madrid frente a la 'ley Celaá'
La presidenta desafía al Gobierno y abandera la rebelión de los populares contra una reforma que «coarta» la libertad de elección de las familias
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso promoverá hoy un decreto para blindar la red concertada en la Comunidad de Madrid antes de que se desarrolle ... la polémica 'ley Celaá', que se aprobará el día 23 en el Senado antes de su ratificación definitiva en el Congreso antes de final de año. La presidenta anunció ayer que incrementará de seis a diez años la duración de los convenios con los centros privados que reciben fondos públicos con el objetivo de que las familias «tengan más tiempo para seguir optando libremente» por este modelo de enseñanza. Con esta medida, los conciertos, que tendrían que haberse renovado dentro de dos años, tendrán una vigencia de al menos otros seis sin que se modifiquen los requisitos de funcionamiento de los colegios.
La decisión de Ayuso, anunciada tras la firma de un protocolo general de actuación con las grandes superficies de distribución para promocionar el consumo de alimentos de Madrid en Navidad, tiene una doble lectura. La primera es interna. Los centros concertados de la comunidad habían puesto el grito en el cielo por la reforma de la enseñanza impulsada desde Moncloa al entender que les perjudica y la jefa del Ejecutivo madrileño ha movido ficha para tranquilizar a sus responsables y evitar así un eventual efecto bumerán. La segunda tiene un importante calado político. Con este decreto Ayuso desafía al Gabinete de Pedro Sánchez y abandera la rebelión autonómica de los populares contra una ley que, en su opinión y la del resto de la oposición, «coarta» la libertad de elección de las familias.
La reforma se debatirá en el Senado el día 23 y todo indica que no sufrirá modificaciones antes de su aprobación definitiva
En una entrevista con este periódico, la ministra de Educación subrayó la necesidad de que las redes pública y concertada tiendan a igualarse en todos los ámbitos. «El servicio que prestan los centros concertados tiene que ser lo más homologable al que prestan los centros públicos en condiciones, en tratamiento y en ser receptivos y acogedores de todas aquellas necesidades que supongan un mayor esfuerzo al sistema. No queremos tener guetos en unos lugares mientras en otros está toda la diferencia económica. Los abusos del sistema hay que corregirlos», afirmó Celaá.
La nueva legislación se aprobará en el Senado el día 23 y todo indica que no sufrirá modificación alguna. El PNV, por ejemplo, ya ha confirmado que no presentará ninguna enmienda.
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