El apagón cuestiona la seguridad española frente a los aliados en pleno rearme europeo

Desde este lugar, su secretario general, el neerlandés Mark Rutte, telefoneó la misma tarde del lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer de primera mano las causas del llamado 'blackout', ya que de haberse apreciado indicios de que pudo tratarse de un ciberataque o de un sabotaje físico a manos de un agente externo la situación se hubiera manejado como una amenaza a la seguridad colectiva de la Alianza y no como un incidente interno.

Efectivamente, Sánchez comunicó a Rutte el mismo lunes que la hipótesis del «ciberterrorismo» estaba inicialmente descartada. De ahí que el diapasón de la alerta bajó varios enteros tanto en las oficinas de la organización transatlántica, obsesionada con el ciberactivismo ruso desde el comienzo de la invasión terrestre de Ucrania ordenada hace tres años por Putin, como en el seno comunitario. Francia y Alemania, primeras economías europeas, salieron rápidamente a la palestra para ensalzar la fiabilidad de su red eléctrica y destacar la imposibilidad de sufrir un apagón semejante al padecido en territorio peninsular español y Portugal, que afectó a unas 53 millones de personas durante más de 12 horas.

A pesar de que, de puertas hacia fuera, Sánchez compareció el martes para no descartar ninguna hipótesis del motivo que hizo desaparecer el 60% del suministro eléctrico en solo cinco segundos –una decisión coincidente con la apertura de una causa en un juzgado de la Audiencia Nacional para investigar si fue un acto de «ciberterrorismo»–, en los centros de poder de Bruselas la preocupación ya era otra: en qué posición quedaba la seguridad nacional española si no tiene un plan de contingencia para impedir el desplome de una infraestructura crítica como es el sistema de distribución de la luz.

Siendo España, además, según los baremos de proyección exterior como el elaborado por el Instituto Elcano, un país estratégico en la frontera sur, contribuyente neto a la seguridad de la Unión, en el puesto 15 del mundo en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y una potencia media en la OTAN, pese al lastre del porcentaje de inversión en términos absolutos entre los aliados. Una rémora que, precisamente ahora, se quiere revertir tras el anuncio del Gobierno el pasado 22 de abril de que España alcanzará el 2% a finales del año con un desembolso récord en seguridad y defensa de casi 10.500 millones adicionales al presupuesto actual.

Se trata de un objetivo exigido por la Alianza en la cumbre de Madrid de 2022 y que, tras el tsunami que ha supuesto la llegada de Trump a la Casa Blanca, ha obligado a los aliados europeos a abrir el melón del debate sobre el futuro de su seguridad tras el previsible repliegue del escudo estadounidense. Se trata del comienzo de una nueva era cuya primera parada está en conocer el futuro de la defensa de Ucrania para contener el expansionismo de Putin, que obliga a la UE a dar un paso adelante.

Este plan inversor en seguridad y defensa anunciado por el Gobierno tendrá su espacio en el pleno del Congreso previsto para el próximo miércoles. La comparecencia Sánchez ya estaba programada antes del apagón masivo, pero ambos asuntos se solaparán en la misma sesión tras su inclusión en el orden del día. Sobre el primer tema, el presidente no quiere someter la decisión al refrendo de la Cámara ante el riesgo cierto de perder la votación, y pretende salvar el trámite con un debate que, en todo caso, revelará las profundas discrepancias entre el PSOE y sus aliados en la izquierda.

El líder socialista deberá atender en todo caso a un doble frente, con dos cuestiones de enorme relevancia. Una coincidencia que, por un lado, le complica y, por otro, le puede proporcionar alguna ventaja: dejar en segundo plano el gasto en defensa y seguridad, el que más amenaza la estabilidad de su Ejecutivo.

Sin embargo, el colapso de la red eléctrica española y la investigación de las causas que lo han provocado abre también otra espita compleja para Sánchez, porque pone en cuestión la seguridad misma del Estado al tratarse de una infraestructura crítica. Además, al descartarse de forma inicial desde Red Eléctrica el ciberataque el asunto se analizará políticamente como un fallo en la gestión del ente público.

Sea como fuere, la imagen exterior que ha dejado esta grave crisis energética en España sigue activa en la UE y la OTAN. Bruselas ha dado 90 días al Gobierno para identificar las causas del incidente y la Alianza, consciente de que el 'enemigo' saca provecho de cualquier vulnerabilidad de un país miembro, monitoriza la situación desde su Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres, ubicado en la capital belga.