Lo público, lo privado y lo óptimo

Parte el lehendakari de la prudente consideración de que, aunque las haciendas vascas recauden hoy por encima de sus posibilidades, los recursos son finitos y de que hay que contener el gasto a fin de procurar no endeudar a las generaciones futuras. Y se muestra contrario a un exceso de intervencionismo en materia económica, laboral y fiscal que ahogue a la iniciativa privada.

Deducir de ello que el suyo es un modelo neoliberal regido por los principios de la racionalidad económica, que no admite la existencia de mercados imperfectos, como el de salud, la educación o la vivienda, en los que dejar las cosas en manos de las leyes del liberalismo económico podría generar inequidades insoportables para una sociedad como la nuestra que presume de altos niveles de bienestar y de justicia social, es una simplificación políticamente interesada que no se ajusta a la literalidad de sus palabras ni a los primeros pasos dados por su Gobierno, sin ir más lejos en Sanidad.

No se trata de sacralizar aquí las virtudes que se asocian a la iniciativa privada -competencia, eficiencia y esfuerzo- frente a los vicios endémicos -clientelismo, opacidad y despilfarro- que se atribuyen a una administración que no para de crecer, de manera un tanto injustificable e injustificada, pese a que sufre ya de obesidad mórbida. Tampoco Pradales lo hizo. Hubiera sido muy osado para un lehendakari que ha aumentado el número de consejerías de 11 a 15 y que cuenta con 480 altos cargos y asesores de libre designación (un 10% más del personal de confianza con el que contaba el Ejecutivo de Iñigo Urkullu). Simplemente se limitó a constatar que, aunque el sector público tiene el deber y la capacidad de implementar políticas a gran escala y coordinar esfuerzos para garantizar la cobertura universal de los derechos fundamentales -algo a lo que se comprometió- la burocracia que rige sus procesos puede dificultar la rapidez y eficacia con que logra resolver problemas sociales específicos a los que el sector privado está en condiciones de responder de manera más ágil e innovadora.

El desafío del buen gobierno radica en encontrar un sano equilibrio entre la necesaria intervención pública cuyo coste pagamos todos -también los empresarios- y la iniciativa privada, sin penalizarla ni demonizarla por su lógico afán de lucro, entendiendo que ambas tienen sus fortalezas y limitaciones. Solo a través de un enfoque colaborativo y no ideológicamente tóxico se podrá avanzar hacia un futuro más eficiente, más equitativo y más justo.