Más educación y menos electoralismo
El inglés es el idioma oficial en la tercera parte del planeta y uno de los más hablados en el mundo. El idioma de internet, ... de la información, la ciencia y la tecnología, la aviación, la diplomacia y el turismo. En el presente y en el futuro, su conocimiento dará acceso a mejores oportunidades laborales y académicas. Algo que nadie discute ni se cuestiona. No se hace un 'casus belli' de ello. Simplemente se da por hecho que así será y nuestros gobiernos legislan en consecuencia, incorporando su enseñanza, como segunda o tercera lengua, a los planes de estudio. Pero cuando se trata de hacer convivir el castellano con otras lenguas oficiales del Estado –por ejemplo, el euskera–, la pugna por la supremacía lingüística sigue estando garantizada entre quienes ignoran que la sociedad vasca es ya, de facto, plurilingüe y multicultural, aunque no de un modo territorialmente homogéneo.
El anteproyecto de la nueva Ley Vasca de Educación aprobado ayer en Consejo de Gobierno reconoce esa diversidad cultural de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Se trata de iniciativa legislativa cocinada a fuego lento que –por extraño que resulte– partía de un amplio consenso político al contar con el apoyo del PNV, PSE-EE y EH Bildu (más del 90% de la Cámara de Gasteiz). Pero la fecha elegida por el sailburu Bildarratz para iniciar su tramitación parlamentaria, a menos de un mes para que depositemos la papeleta en las urnas, ha hecho que el consenso salte por los aires y que, donde dijeron 'amén', los socialistas vascos pongan ahora más de un 'pero' a su socio de gobierno, a sabiendas ambos de que la educación es una de esas cuestiones que marcan perfil ideológico y decantan el voto ciudadano.
La principal razón de los de Eneko Andueza para romper la unidad en torno a este «plan estratégico», cuyo pleno desarrollo se fía a diez años vista, reside en su oposición a sustituir los actuales modelos lingüísticos (A, B y D) de libre elección por un modelo único autogestionado por los centros educativos a los que la nueva ley daría libertad para diseñar su propio sistema de inmersión lingüística, atendiendo a las características de su alumnado y al peso de ambas lenguas oficiales en el entorno donde se asientan. Dicho de otro modo, no es lo mismo Barakaldo que Lekeitio por lo que, en lugar del café para todos, se apuesta por una legislación flexible para abordar una situación cambiante desde el punto de vista demográfico, con un doble objetivo: que todos los centros que reciban financiación pública, incluidos los concertados, asuman el mismo porcentaje de alumnos en situación de vulnerabilidad, para acabar con la segregación en nuestro sistema educativo por la concentración de población inmigrante en zonas socialmente más deprimidas y que, al término de la enseñanza obligatoria, estos acrediten un conocimiento equivalente a un B2 en euskera y en castellano.
Una música que no suena mal, aunque está por ver si la letra de su articulado despeja las interrogantes acerca de su metodología de implementación y si esa «mayor autonomía» de los centros educativos será capaz de garantizar la necesaria coherencia del sistema pedagógico en el que se formarán las próximas generaciones, dejando al euskera al margen de debates estériles..
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