Las secuelas del terror

Doce años después no ha habido avances en el esclarecimiento de los crímenes etarras sin resolver. Es obvio que Pernando Barrena, exdirigente abertzale, no hablaba a humo de pajas en 2016 cuando declaraba que «arrepentimiento y la delación son líneas rojas para un preso político», es decir para un terrorista etarra. Ello no ha impedido que el Gobierno Sánchez pusiera fin a la dispersión hace unos días. Hoy todos los etarras presos cumplen condena en el País Vasco y Navarra. Una decisión lógica porque la medida se puso en marcha en los 80 para fortalecer la lucha contra ETA y la banda ya no existe. Por más que las derechas, con el PP y UPN al frente, hayan vuelto a acusar al Ejecutivo de izquierdas de otra gravísima cesión a los herederos de Batasuna.

Unos presos, en su gran mayoría, encarcelados en prisiones dependientes del Gobierno vasco, es decir, del PNV. Durante décadas, los jeltzales rehuyeron el traspaso. Posición que cambió radicalmente desde que ETA bajó la persiana. Los peneuvistas han acelerado la concesión de terceros grados a algunos etarras. De entrada sin problemas. Desde hace tres meses con reiteradas colisiones con fiscales y jueces de la Audiencia Nacional que han derivado en el rechazo de una cuarta parte de las semilibertades. Lo ocurrido ha sembrado la inquietud en EH Bildu. En cambio ha tranquilizado a los colectivos de víctimas que no terminaban de entender la generosidad peneuvista con internos que no se han arrepentido de sus fechorías ni han condenado a ETA.

Otegi y los suyos han acogido con algo más que alivio el fin de la dispersión por las presiones que soportan de las familias de los presos. Y no digamos ya el blanqueamiento que les han regalado Sánchez y el PSOE, urgidos por su situación de minoría en el Congreso, pese a no haber cumplido los mínimos éticos que se les exigieron tras el fin de la banda.

Cerrada la carpeta de la dispersión, organizaciones del entorno de EH Bildu, como Sare o Etxerat, han comenzado a echarse a la calle día sí día también para reclamar la excarcelación de los presos, ignorando sus crímenes y sin una palabra de empatía hacia sus miles de víctimas. Una suerte de amnistía encubierta que ni puede ni debe tener ningún recorrido. La otra incógnita es si las urgencias de Sánchez tras el 28-M y tras las generales llevarán al PSOE a estrechar el entendimiento con EH Bildu. No sólo a negociar sus votos para sacar adelante leyes en Madrid o para poder gobernar Navarra. Sino, por ejemplo, a respaldar la elección de alcaldes (¿Pamplona?) o a cogobernar instituciones (¿Navarra?). Atentos.