Entre lo tolerable y lo intolerable

Lamentablemente no ha sido así. La ciudadanía ha utilizado los foros y redes sociales bien para banalizar la agresión o insultar a la víctima (pija, que vive en una zona rica, que será del PP… ¡Qué falta de compasión!), bien para lanzar todo tipo de insultos contra el colectivo magrebí o bien para desplegar una campaña de insultos contra la Alcaldía. No es nada nuevo, pero sigue siendo igual de triste, pues además de resultar poco edificante lo que se consigue es desviar el foco de lo realmente importante: la cuestión de la seguridad de nuestra juventud en el espacio público, por un lado, y también, por otro, el debate sobre los déficits de integración social de algunos de los nuevos jóvenes a los que hemos acogido.

Lo vengo denunciando desde hace ya más de una década y no por ello me he librado de ser considerado un «racista» para determinados sectores de nuestra ciudad y un «buenista» irredento para otros muchos. Aun así, vuelvo a aportar, por enésima vez, mi visión al respecto.

Tanto desde mi labor investigadora como docente, vengo defendiendo desde hace más de dos décadas el valor, por democrático y de justicia social, de una configuración intercultural de nuestras sociedades, cada vez más perfiladas desde la diversidad de todo tipo. Y lo hago, precisamente, porque este paradigma es el que más nos protege de conductas antisociales como las que nos ocupan. Así la sociedad receptora ha de favorecer la acogida de quienes hasta nosotros llegan y la relación enriquecedora entre culturas, pero también ha de intervenir para evitar comportamientos ejercidos, también por población inmigrante, que atenten contra la dignidad o la seguridad de bienes y ciudadanos; en definitiva, que no respeten ese constructo irrenunciable que resulta encontrarse en la práctica de la ciudadanía y los derechos humanos.

Los propios colectivos y asociaciones de inmigrados así lo expresan, son los primeros interesados en que no se les asocie con comportamientos delictivos ejercidos por algún miembro de su grupo. Por este motivo creo necesario revisar los modelos del 'buen ciudadano intercultural' que desde algunos sectores (esos mismos que hoy confunden la condena a un agresor con la xenofobia) se están poniendo de moda y que representan grave peligro, pues además de considerar la interculturalidad desde una 'visión Disney', añaden confusión al tema, perpetúan los problemas y resultan alimento indispensable para discursos como el de Vox.

No olvidemos que nuestra sociedad ha logrado determinadas conquistas sociales después de siglos de luchas, y el derecho de una mujer a vivir segura lo es siempre. Ocultar la verdad, cargar las tintas contra un periodista, llamar racista a quien se duele de una paliza o negar que existen determinados elementos inadaptados dentro de un colectivo no conseguirá sino que dentro de pocos días nos encontremos con otra agresión, y quién sabe si con resultados más terribles.

Seguiré apoyando la diversidad como una de las riquezas seculares de nuestra tierra alavesa y en especial de nuestra ciudad, pero con la misma contundencia debo decir que ciertos comportamientos que todos observamos en los espacios públicos, y no solamente los fines de semana, deben ser neutralizados para poder reivindicar un futuro que ha de ser, o no será, intercultural. Si ciertos jóvenes siguen campando por sus respetos, si siguen dejando su firma agresiva y delincuencial por nuestras calles, créanme, jamás podremos vender ese futuro. «Lo peor es actuar con culpabilidad, sin atreverse a decir: 'Bienvenidos, pero las reglas en nuestra sociedad son estas'. Lo políticamente correcto es el peor enemigo de la integración y daña a los propios inmigrantes, porque no se integran y se refugian en los guetos. Necesitamos un discurso claro y franco al respecto». (Sami Naïr. 2006).

Ni nuestro capital solidario ni el económico son infinitos y debemos emplearlos entre quienes se hacen acreedores a la generosidad de todos. Quizás debamos decir en voz alta que quien se autoexpulse de la comunidad, quien no desee participar de un proyecto de bien común, y es el caso de los agresores, no debe ser beneficiario de nuestra ayuda. Bien al contrario, debe ser apartado de la misma. Precisamente porque esa es una de las prioridades de una sociedad democrática, proteger a su ciudadanía de quienes quieren violentarla. ¿Sí? Pues ya estamos tardando.