Renovación y reforma del Consejo del Poder Judicial

La causa de esta erosión del Estado de Derecho y de la pérdida de confianza de la población reside en los problemas estructurales del Consejo General del Poder Judicial. Y los responsables son el Partido Popular y el PSOE, que durante los últimos 30 años y hasta 2013 -fecha de la última renovación del CGPJ- se pusieron de acuerdo para repartirse las vocalías del órgano que tiene por misión realizar los nombramientos de los más importantes cargos judiciales (magistrados del Supremo, presidentes de audiencias y tribunales superiores...). El 'reparto' del CGPJ contaminó los nombramientos de forma que la magistratura ha resultado artificialmente dividida entre jueces 'conservadores' y 'progresistas' según quienes los hayan propuesto (vocales del PP o vocales del PSOE o sus aliados)

En este contexto, el CGPJ lleva desde 2018 con su mandato prorrogado porque el PP se niega a pactar su renovación. En el obsceno 'reparto' de 2013, a los populares les correspondió designar a 10 vocales y ahora el PSOE y Podemos aspiran a un nuevo reparto que les otorgue la mayoría en el Consejo. La Unión Europea, preocupada por el deterioro del Estado de Derecho en España, lleva años formulando una doble reclamación: en primer lugar, que se renueve de inmediato el CGPJ; en segundo lugar, que se modifique el sistema de designación de los vocales para que, al menos, la mitad sea elegida por los propios jueces.

PSOE y Podemos insisten en lo primero y se oponen a lo segundo. El PP bloquea injustificadamente la renovación y apuesta por cambiar el sistema de designación. Diputados populares presentaron el 30 de diciembre una proposición para modificar el sistema de elección que responde básicamente a las exigencias europeas. La proposición merece una valoración muy positiva. Es un intento serio y loable de despolitización del CGPJ que el PP se negó a llevar a cabo cuando tenía mayoría absoluta y se beneficiaba del sistema de 'reparto'. Ahora que un eventual nuevo reparto no le resultaría tan ventajoso se opone, con razón, a ello y apuesta decididamente por un cambio de modelo. Con todo, y a pesar de la hipocresía política subyacente, objetivamente, la iniciativa del PP es un paso en la dirección correcta para superar la crisis actual.

Una superación que exige inexcusablemente un doble pacto entre los partidos de la mayoría y la oposición. El CGPJ debe ser renovado de inmediato y, a continuación, modificado su sistema de designación. Eso es lo que nos reclama Europa y lo que pondría fin a la crisis.

Respecto a la renovación, el Gobierno no debe desempeñar ningún papel. Corresponde a los presidentes de las cámaras legislativas convocar los plenos en los que los grupos parlamentarios deben proponer a los mejores candidatos. Los principales partidos pueden vetar a aquellos cuya independencia partidista les provoque dudas. Los aspirantes que susciten el respaldo mayoritario de tres quintos de los diputados y senadores deben ser elegidos.

A continuación, tiene que modificarse el sistema de elección. Los doce vocales jueces deben ser elegidos por los propios jueces -como reclama Europa-, pero es fundamental evitar que la politización se desplace de los partidos a las asociaciones judiciales. El 46% de los jueces españoles no pertenece a ninguna asociación y solo hay en el actual Consejo un vocal juez no asociado. Es fundamental establecer un sistema de elección que garantice la representación del pluralismo existente en la judicatura y que evite la sobrerrepresentación de los magistrados vinculados a unas asociaciones judiciales que, en muchas ocasiones, han actuado como correa de transmisión de los partidos. Por otro lado, es imprescindible endurecer las incompatibilidades políticas. En la proposición se impide nombrar como vocales a jueces que hayan desempeñado puestos políticos durante los últimos cinco años. Este plazo debería ser ampliado.

Este pacto es urgente para evitar el progresivo deterioro del Estado de Derecho. Es, por un lado, una exigencia inexcusable de la lealtad a la Constitución de 1978 y al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 del Tratado de la UE. Y, por otro, el único expediente para evitar una crisis fatal de confianza de los ciudadanos en el sistema, y en definitiva, de su legitimidad.