Una ley necesaria frente a la emergencia climática

En esta ocasión, la iniciativa del Gobierno vasco ha finalizado con éxito. En mayo de 2023 la consejera Arantxa Tapia presentaba el anteproyecto de ley. Aunque el texto no contaba con el apoyo de los socialistas ni de la oposición, el PNV se mostró abierto a negociarlo. Durante el proceso de enmiendas ha mejorado de manera sustancial y gracias a las aportaciones de todos los grupos. El resultado es un buen acuerdo.

La ley establece como principal objetivo la neutralidad climática del País Vasco como tarde en 2050 y recoge la voluntad de adelantar dicha fecha a 2045. Es la primera vez que la referencia a 2045 se formula en una comunidad autónoma o en el Estado, aunque ya ha sido adoptada por Alemania, Dinamarca, Austria y Suecia. Es probable que esta fecha se imponga a medida que las consecuencias del cambio climático sean cada vez más severas.

La ley cuenta con importantes objetivos a alcanzar en 2030. Establece una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 33% (respecto a 1990), un ahorro del 12% en el consumo energético (respecto a 2021) y un aumento de las renovables hasta alcanzar un 32% del consumo final. Contempla que estos objetivos se puedan revisar al alza, aunque ahora es más relevante poner la lupa sobre el despliegue de las políticas necesarias para cumplirlos. En ese sentido, son especialmente urgentes las medidas en el sector del transporte, ya que sus emisiones son un tercio de las totales, siguen creciendo y estamos a la cola de Europa en materia de electrificación de la movilidad.

La ley establece un canon a las renovables cuyos ingresos revertirán en las zonas en donde se instalen y excluye el autoconsumo o las plantas inferiores a los cinco megavatios. Este canon, que tendrá que guardar un equilibrio para favorecer el atractivo a la inversión en Euskadi, se complementa con una reserva como mínimo del 20% de la inversión para la ciudadanía y empresas de la zona. En relación a la financiación, se establece que un 2,5% del Presupuesto del Gobierno vasco estará destinado a la acción climática.

Asimismo, la norma señala que la Administración vasca habrá de desprenderse antes de 2030 de todas sus participaciones en empresas o iniciativas asociadas a la exploración y explotación de combustibles fósiles. La medida afectará, entre otras, al 100% de los activos de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) y al 25% de la central de ciclo combinado de Bahía Bizkaia. Esta decisión, alineada con la última cumbre del clima en Dubái, ayudará a minimizar los riesgos financieros del sector público, ya que es esperable que los activos fósiles se deprecien con el tiempo.

La ley deja la puerta abierta a que las diputaciones realicen ajustes en la fiscalidad ambiental, lo que aceleraría el proceso de descarbonización y generaría recursos adicionales. Crea, asimismo, el Fondo Social Climático, que ya existe a nivel europeo, para favorecer una transición justa que ayude a los hogares y empresas más vulnerables.

La velocidad de la transición energética dependerá no solo de aspectos económicos o técnicos, sino también de factores sociales. Por ello, los mecanismos de gobernanza y participación aprobados, como la creación de una Asamblea Ciudadana, serán de gran ayuda. La ley plantea alcanzar un pacto social en esta materia, labor que bien podría ser promovida por el Ararteko, institución que ya lo propuso en 2019.

De cara a ese futuro pacto, es un buen comienzo la comparecencia conjunta del 19 de enero en la que los parlamentarios Unai Grajales (PNV), Mikel Otero (Bildu) y Alberto Alonso (PSE-EE) presentaron el acuerdo. Este tipo de gestos deberían ser más frecuentes, ya que esa capacidad de entendimiento fortalece la confianza de la ciudadanía, algo crucial en un momento de creciente polarización y de emergencia climática planetaria.