Equiparar pensiones mínimas y salario mínimo

Los argumentos del Gobierno vasco -que las necesidades de pensionistas precarios ya están cubiertas, que el competente es el Estado o que se pondrían en riesgo las finanzas públicas- son insostenibles e inaceptables. La afirmación de que la RGI es suficiente no se sostiene. La pensión contributiva mínima para una persona puede llegar a 850 euros al mes y la no contributiva a 550. Si tenemos en cuenta que hay 70.000 pensionistas en estas circunstancias, el 80% mujeres, y que la RGI ha cubierto, el año que más, a 15.000 pensionistas, podemos decir que la RGI es un fracaso para las personas pensionistas. Y su cuantía de 925 euros en 14 pagas es insuficiente. Y las más perjudicadas son las mujeres, que perciben las pensiones más bajas, porque se ven excluidas, al sobrepasar los ingresos de su unidad familiar el máximo permitido, y dependientes de su cónyuge o pareja de hecho.

Uno de los elementos claves de esta iniciativa legislativa, que el Gobierno vasco rechaza, es corregir una injusticia histórica con las mujeres, porque si se hubieran desarrollado en su momento servicios públicos de cuidados, de menores y personas dependientes, mediante una financiación adecuada, y se hubiera actuado decididamente contra la discriminación laboral de las mujeres, se habrían favorecido carreras laborales más amplias y mejores pensiones. Por esta razón reclamamos el derecho de cada pensionista a tener una renta suficiente, independientemente de sus relaciones de convivencia, como reconocen el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el artículo 13 de la Carta Social Europea o la Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2022.

El artículo 2 de la ley 10/2016, que regula la Iniciativa Legislativa Popular, deja claro que «se excluyen las materias sobre las que la comunidad autónoma carezca de competencia legislativa», y los Servicios Jurídicos y la Mesa del Parlamento certificaron por escrito que hay plena competencia para complementar las pensiones mínimas de la Seguridad Social. Por eso el argumento del Gobierno vasco de que la iniciativa legislativa debe plantearse en «el ámbito competencial estatal» es falso y, además, reforzaría las tendencias centralizadoras del Estado que, según el Gobierno vasco, nos amenazan.

Respecto de las cuentas públicas, el Gobierno vasco habla de «estimaciones» pero no da ningún dato, en contraste con toda la documentación que se le ha proporcionado y según la cual el coste añadido no superaría el 1,4% del Presupuesto y retornaría a la sociedad en términos de más impuestos y más empleo, dada la propensión al consumo, por necesidad, de las rentas más bajas.

Cuando dice el lehendakari Pradales que «crece el malestar social» y se pregunta por qué, está evidenciando su desconexión con los problemas reales de la mayoría de la sociedad. Porque son las políticas de PNV y PSE-EE las que acrecientan la desigualdad, las que al privatizar servicios públicos los deterioran, las que favorecen un sistema fiscal injusto. Es sintomático que, habiendo aumentado de forma muy importante la recaudación fiscal, el único impuesto que ha bajado haya sido el de Sociedades.

Si el PNV y el PSE-EE votan en contra estarán renunciando a ejercer una competencia propia, a dar respuesta a la brecha de género en pensiones y a garantizar a las personas pensionistas unos ingresos mínimos que les permitan vivir con suficiencia y autonomía en una de las comunidades más caras y con más inflación de todo el Estado. No se trata ahora de aprobar la iniciativa legislativa popular, sino de admitirla a trámite para que se pueda debatir una problemática que afecta a más de 100.000 personas en la comunidad autónoma. Esta iniciativa legislativa se debe tramitar porque tenemos competencia, recursos y razones de necesidad y de justicia social.