Jacobinismo regional

Con esta ley, la República francesa normaliza un derecho como es el de escoger el modelo lingüístico para tus hijos y, por supuesto, la posibilidad tan natural de poder estudiar en la lengua materna. La Unesco considera que la educación basada en la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje. La directora general de esta organización de Naciones Unidas, Audrey Azoulay, decía con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna que no desarrollar la educación en la primera lengua «dificulta tanto su aprendizaje como su acceso al patrimonio y a las expresiones culturales».

Sin embargo, en Francia ha habido una trayectoria muy contraria a la diversidad lingüística que tuvo su origen en la Revolución Francesa. El proyecto jacobino de unificación de la lengua proscribió el uso de otros idiomas distintos al francés por considerarlos contrarrevolucionarios. En verano de 1794 se decretó la prohibición de redactar documentos públicos en idiomas que no fueran el francés, tampoco se autorizaba el registro de documentos privados en otros idiomas, con penas de prisión y destitución para los funcionarios que las emplearan o aceptaran. En Francia había en esos momentos, según los propios informes que movieron a estas políticas unificadoras, del orden de un 40% de franceses que desconocían la lengua mayoritaria o la hablaban muy precariamente, con comunidades de millones de habitantes que hablaban italiano, alemán o flamenco, además de bretón, occitano, vasco o catalán.

La política educativa francesa ha seguido esa pauta en materia de lenguas regionales hasta la aprobación de esta ley, que ha logrado un importante apoyo parlamentario al obtener 247 votos a favor frente a 76 en contra. Sólo algunos diputados de La République en Marche y los comunistas se han pronunciado en contra al pesar más en ellos la voluntad igualadora y el espíritu de unidad nacional que las sensibilidades particulares.

En España, las reacciones a esta norma proceden principalmente de las organizaciones y plataformas que, como Kontseilua, han celebrado la posibilidad de normalizar el uso del euskera en la enseñanza y, parcialmente, en la actividad administrativa, aunque se reduzca a la rotulación de edificios públicos y poco más. La sociedad española lo ve con normalidad y lo más que puede provocar es la sorpresa de que no fuera ya así o que la oposición a la misma proceda de los comunistas y los republicanos más acérrimos.

Puede parecer que hay una contradicción entre la izquierda española y la francesa, pero no lo es tanto si observamos que en ninguno de los dos países son favorables a la libertad lingüística: en Francia, por imponer el francés, y en España, por hacerlo con lenguas como el euskera o el catalán. En regiones como Cataluña o el País Vasco, la izquierda ve no solo con naturalidad que la educación se realice mayoritariamente en una sola lengua, aunque no sea la materna, sino que rechaza cualquier voluntad que vaya en el sentido de dar libertad a los padres para escoger.

La izquierda española respalda los planes de inmersión lingüística que promueven los nacionalistas en Euskadi y Cataluña y apoya ese modelo educativo que está inspirado en el mismo proyecto de construcción nacional que implantaron los jacobinos en Francia y que aspira a la unificación lingüística de la sociedad, pese a que ello conlleve dificultades en el aprendizaje, como advierte la Unesco, o limite las posibilidades de acceso al empleo, como vemos diariamente en Euskadi.

La ley Celaá es la muestra más reciente de la renuncia de la izquierda española a defender la libertad lingüística y garantizar el derecho a estudiar en la propia lengua cuando esta es el español. En España se ha producido en las últimas décadas un proceso inverso al que se ha experimentado en Francia. Aquí, la mayoría parlamentaria en el Congreso deja que sean las mayorías regionales las que impongan su proyecto unificador pese a la vulneración de derechos que ello conlleva, hasta el punto de que no hay voluntad del Gobierno por hacer valer las sentencias de los tribunales en contra de los modelos coercitivos que se han impuesto, principalmente en Cataluña. Un modelo de jacobinismo regional.

La consecuencia de la suma de la izquierda y los nacionalismos en este objetivo es una merma de la libertad en nuestro país. La imposición lingüística no solo no decae sino que se acrecienta con el paso de los años, la complicidad legislativa y la burla de las sentencias de los tribunales.