Vox, al Gobierno

Es frecuente la comparación de los apoyos de Bildu y ERC al Gobierno con el deseable pacto de exclusión de Vox en los ejecutivos democráticos. «Si vosotros pactáis con el independentismo y con los que apoyaban a los terroristas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con Vox?». Descarnadamente y sin más matices, así se plantea el rechazo a los vetos a Vox en un amplio espectro de la opinión pública española.

El 'cordón sanitario' -mejor podríamos llamarlo 'veto democrático'- se plantea para impedir su entrada en el Gobierno, no que ejerzan su legítima representación política en pactos o apoyos políticos dentro del juego parlamentario. Ni ERC ni Bildu están en el Gobierno y, sin embargo, la entrada de Vox en el de Castilla y León y mañana en otros -quizás en los de Andalucía o de España- se plantea como una opción posible, probable y deseable para muchos. Es muy distinto formar parte de una mayoría parlamentaria o apoyar puntualmente al Gobierno que gobernar y decidir, todos los días, acciones públicas presididas por principios y valores abiertamente contrarios a los códigos morales y a los principios políticos democráticos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.

La igualdad de los seres humanos es uno de ellos. Igualdad por encima del género, de la procedencia geográfica, del color de nuestra piel, de la religión, de nuestra sexualidad... Cuestionar la igualdad, combatirla por múltiples estereotipos o viejos prejuicios no es aceptable. Oponerse a medidas que constituyen universalmente un marco de avance civilizatorio de dignidad humana y derechos humanos, ligados al principio de la igualdad en materias como el matrimonio, la familia, el aborto, la inmigración, la violencia contra las mujeres… no puede admitirse en el siglo XXI.

Acabar con el Estado de las Autonomías o salir de Europa son posiciones defendibles en el terreno de los proyectos políticos. Pero, al ser contrarios a nuestra Constitución, resulta profundamente inconveniente su incorporación al Gobierno del país. Hay tentaciones neofascistas escondidas en la ideología de ultraderecha, abiertamente antidemocráticas. Eso no nos lleva a su ilegalización porque nuestra Constitución no es militante (como la alemana que surge después del nazismo), sino tolerante con todo tipo de partidos. Pero una cosa es aceptar su presencia en el arco parlamentario y otra llevarlo al Gobierno.

El cordón o veto democrático se plantea, repito, solo para que no formen parte de los gobiernos democráticos. Es lo que hacen muchos países en Europa y lo hacen con parecidas razones a las que aquí se exponen.

Pero, claro, en nuestro país, esa medida tiene un partido singularmente perjudicado: el PP, al que se le priva del apoyo político necesario de fuerzas en su mismo espacio ideológico para alcanzar gobiernos y asegurar investiduras a los que tiene perfecto derecho. Por eso el cordón no puede aceptarse sin una contraprestación elemental: asegurar el acceso al Gobierno del partido ganador siempre que no haya una mayoría democrática alternativa. La regla, a integrar en un pacto interpartidario, debería incluir también el compromiso de no sumar a Vox a 'la alianza de perdedores' para privar al ganador de su derecho a la presidencia. Trasladando estas reglas a la realidad de Castilla y León, eso significaba que los partidos no ganadores de las elecciones -PSOE, Soria ya, Podemos, etcétera- se hubieran abstenido en la votación de investidura.

Desgraciadamente, esta hipótesis no se ha materializado, a pesar de algunas tímidas y personales voces en su favor. Nos queda la incógnita de la respuesta del PP si esa oferta se hubiera producido. Muchos dudan, con razón creo yo, de que el candidato popular la habría aceptado, recordando que el PP ya se basó en Vox para quitar la presidencia al PSOE, en Madrid, Andalucía y Castilla y León, en anteriores elecciones. Pero, en cualquier caso, habría sido inteligente colocar al PP de Feijóo ante esta disyuntiva y censurar luego, con más argumentos, su escoramiento hacia la ultraderecha.