Final problemático del estado de alarma
Lo peor sería que la no continuidad de las restricciones excepcionales produjera nuevos desacuerdos políticos
Anunciar el fin del estado de alarma con más de un mes de antelación, cuando la crisis sanitaria originada por la pandemia dista mucho de ... estar bajo control y las perspectivas de evolución son de lo más inciertas, es una decisión aventurada. Aquí en especial, en el conjunto de los territorios vascos y en cada uno de ellos en particular, la situación ha empeorado claramente desde que se hizo el anuncio en los primeros días de abril. Y ningún pronóstico prevé que en los próximos días vaya a producirse un restablecimiento de la normalidad que haga innecesarias las medidas que, amparadas por la declaración del estado de alarma, vienen adoptándose.
No resulta fácil, ante una situación tan incierta, acertar plenamente con las medidas a adoptar; y es imposible, sobre todo en el ambiente político existente, tomar decisiones con las que todos estén de acuerdo. Partiendo de estas premisas, que la realidad impone y convendría tener en cuenta a la hora de abordar los problemas que plantea la situación, un criterio que debería guiar nuestra actuación es evitar que las decisiones que se tomen contribuyan a añadir más problemas a los que ya tenemos. Y que, en consecuencia, las condiciones en las que nos encontremos tras las su aprobación sean más desfavorables que las anteriores.
La primera cuestión a plantear es si la negativa a prorrogar la medida extraordinaria después del 9 de mayo nos sitúa en una mejor posición para hacer frente a la pandemia o la situación resultante tras la supresión va a crear problemas nuevos a añadir a los que ya tenemos, que no son pocos ni fáciles de resolver. No solo no está controlado el virus, de forma muy especial aquí, sino que no existe ninguna previsión de que la situación pueda normalizarse, al menos a corto plazo.
En estas condiciones, las realmente existentes aquí y ahora, prescindir de los instrumentos que tenemos, y que dejaríamos de tener si no se prorroga el estado de alarma, no parece muy razonable. Mientras persista una situación especial como la que origina la pandemia, será necesario recurrir a medidas especiales como las que, gracias a la cobertura jurídica que proporciona el estado de alarma, se han venido utilizando hasta ahora. Y no sería sensato prescindir de ellas si no se dispone de otras mejores para poder seguir afrontando una situación que, previsiblemente en un futuro próximo hasta que se consiga la normalización, no va a poder gestionarse con los instrumentos que se utilizan en situaciones de normalidad.
Existe un abanico de posibilidades, sin necesidad de vulnerar el marco legal, que permiten activar medidas efectivas para hacer frente a la situación especial en la que estamos. Desde la prórroga del estado de alarma, la más sencilla y probablemente más práctica, permitiendo una modulación de las medidas en función de la situación en cada territorio (no es lo mismo un índice de incidencia inferior a 200 que superior a 500), hasta mantenerlo en algunos territorios sin necesidad de hacerlo en todos, lo que no infringiría la legislación sobre esa figura. También podría modificarse la ley sobre medidas especiales de salud pública (L.O. 3/1986), aunque esta opción plantea problemas prácticos en cuanto a su efectividad inmediata. Sin olvidar la aprobación de una legislación autonómica específica como la 'ley antipandemias', en vía de tramitación en el Parlamento vasco.
El problema es que, sea cual sea la opción que se escoja, está asegurada la gran trifulca en torno a ella; no tanto por qué es lo que se propone, sino por quién (o quiénes) lo proponen, como puede constatarse diariamente en las cámaras parlamentarias… y fuera de ellas. A lo que habría que añadir aquí (y ahora también en Madrid, que últimamente se ha sumado con desacomplejado ímpetu a la fiesta) la trifulca permanente en torno a la delimitación del ámbito competencial autonómico/estatal que, si siempre da mucho juego, en la pandemia proporciona un escenario ideal para representar en él una nada aburrida 'performance' de lío y bronca, que tanta audiencia cosecha.
La limitación de espacio nos impide hablar de la Conferencia de Presidentes; si en algún momento tiene justificación su convocatoria es éste. En cualquier caso, lo peor que podría ocurrir, como ilustra la ley de Murphy aplicada al caso, es que el final del estado de alarma, en vez de servir para tratar de lograr un amplio acuerdo con el que poder gestionar el nuevo periodo a partir del día 9, como sería de sentido común, sirva para producir nuevos desacuerdos, por si no tuviéramos suficientes con los que ya hay. Lo que además tendría el efecto añadido, sobre todo aquí que siempre recurrimos a los tribunales para zanjar los desacuerdos políticos, de aumentar la ya excesiva sobredosis de judicialización de la vida política.
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