Explicaciones de qué

Juan Carlos volvió a España por todo lo alto, sin hacer caso a peticiones del Gobierno y la Casa Real, que querían una visita discreta. La verdad, solo le faltó anunciarse como próximo concursante de Supervivientes. Pero, pensándolo bien, si tras los episodios de caza, los fraudes fiscales o las comisiones amorosas se fue a uno de los países con los estándares democráticos más bajos del mundo sin dar explicaciones, ¿por qué no iba a permitirse volver a una regata en Sanxenxo?

Cada visita de Juan Carlos a España deshará los intentos de Felipe VI por marcar distancia con su padre. Por mucho que haya prometido renunciar a su herencia o impulse la ley de transparencia, la inviolabilidad que libra al rey emérito de comparecer ante la justicia solo recuerda que, si el actual monarca quisiera, podría hacer lo mismo.

El PSOE yerra al negarse a abrir el debate sobre los límites a la inviolabilidad del Rey. El mayor enemigo de la Casa Real es la misma monarquía. Es lógico que la ciudadanía exija transparencia y rendición de cuentas a una institución que se adquiere de forma hereditaria. Cuando se ha visto hasta qué punto puede cometer irregularidades el jefe del Estado sin ser juzgado, por lo menos debería servir para ilustrar todavía más la necesidad de una democratización mínima de la institución.

El Partido Socialista es consciente de su papel de último garante de la monarquía, y por lo tanto del sistema político de la Transición. Sin embargo, con su fervor en la negativa a investigar las irregularidades de la Casa Real (incluso en una comisión parlamentaria irrelevante) reniega de la posibilidad misma de democratizar el sistema político español. Evidentemente no es una decisión que deban tomar por conveniencia electoral, ya que está demostrado que sus bases están más cerca del partido que de una república ilusoria, sino por firmeza democrática.

Mientras, Felipe se deja querer por la derecha. Cada llamada de Vox a que el monarca tome el control del Estado o los aplausos erráticos del PP y Ciudadanos a la figura del emérito generan republicanos. Si Juan Carlos entendió que solo podría mantenerse en el poder acercándose al PSOE y sectores históricamente adversos a la monarquía, Felipe se aleja de ser el monarca del consenso. El discurso del 3 de octubre en el que podría haber realizado algún guiño empático a la sociedad catalana, las reticencias para reunirse con ministros de Unidas Podemos durante el confinamiento o la arbitrariedad en decidir quién está fuera del pacto constitucional para comunicarle su patrimonio dibujan al monarca como un rey de parte.

Podemos y los partidos independentistas miran el circo desde la barrera, con voluntad de intervenir, pero sin capacidad de hacer. La defensa de la república ahora mismo solo expresa nostalgia de un pasado que nunca existió y el anhelo por la llegada de un momento rupturista que todavía ni se avista. El énfasis de la izquierda en defender las leyes sociales de la Constitución demuestra la incapacidad de formular un proyecto político constituyente, a diferencia de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que reclama una sexta república. Enfrente, el independentismo vasco y catalán, estos con más insistencia, impide la posibilidad de siquiera imaginar un proyecto que atienda a las periferias, pues reclaman la suya.

La apuesta por un modelo de Estado u otro está estrechamente ligada a quién ocupa esa jefatura. El proyecto independentista y el amago de república plurinacional están definidos. La apuesta de Vox por incendiar las periferias al grito de «Viva el Rey» para ganar La Moncloa, también. Queda por ver si Alberto Núñez Feijóo consigue salirse del esquema de la ultraderecha y plantea un proyecto coherente incluso para la supervivencia de la monarquía y el nuevo giro dialéctico del PSOE tras la «España multinivel» del verano pasado.