Cárceles, una realidad olvidada

Tal objetivo solo puede lograrse si se potencian los principios de individualización, humanidad, reconocimiento del daño causado, un enfoque restaurativo, de potenciación del régimen abierto (priorizando medidas de cumplimiento de penas en semilibertad) y creando una nueva red de centros de inserción y unidades tuteladas.

Con la asunción de la titularidad de la competencia, el Gobierno vasco tendrá autonomía para elaborar informes relativos a los presos de los que dependen decisiones como la concesión de progresiones de grado, permisos u otros beneficios. El reto no es solo político, también es social: un modelo orientado hacia la reinserción es deseable, sin duda. Su materialización requiere de un diseño cuidado (los primeros pasos dados han sido ilusionantes) y necesita de más personal dedicado a esas tareas de educación y control de la ejecución de penas en semilibertad. La inversión merece la pena.

La concreción del traspaso de esta competencia simbolizará el compromiso social, institucional y político con un ámbito de gran calado para nuestro concepto integral de Administración vasca. El hecho de que, de manera consciente, la competencia quede atribuida al Departamento de Políticas Sociales revela los objetivos priorizados desde el Gobierno.

Si analizamos el presente de la realidad penitenciaria, y sin negar que haya habido avances, hay que centrar la reflexión en la propia vida en el seno de las prisiones. Esa mirada 'ad intra' permite comprobar en qué medida se aprecia en muchos casos la inviabilidad del objetivo resocializador que debe inspirar la práctica penitenciaria. ¿Es la prisión un mero lugar de control cerrado de personas que han cometido delitos o crímenes o realmente se orienta a preparar la reinserción, el reencuentro de la persona penada con la sociedad?

La reinserción de las personas que han pasado por prisión debe ser un compromiso de la sociedad y tenemos que estar dispuestos a que las administraciones destinen recursos a este fin. Es una apuesta por las personas, creer que todos han de tener una oportunidad, y es constatar que la cárcel, con el modelo actual, ha fracasado, es el reflejo de la incapacidad de la sociedad de solucionar de otra manera los conflictos.

Vivimos plácidamente a partir de la hipocresía social consistente en afirmar con vehemencia la vigencia de los derechos humanos y a la vez mirar para otro lado, en la comodidad de quien entiende realmente la prisión en su estricta dimensión punitiva.

Debemos rebelarnos cívicamente contra muchas injusticias, y seguro que muchos pensarán que hay problemas más importantes de los que ocuparse, pero al menos proyectemos nuestra mirada crítica el sistema penitenciario. No es un problema político, es social. Tenemos muchos retos sociales pendientes, y no son excluyentes entre sí. Seguro que habrá quien, desde una visión estrictamente punitiva, alzará la voz ante este proyecto de nuevo modelo penitenciario afirmando que una persona en prisión no merece tratamiento alguno orientado a su reinserción, que el sistema debe limitarse a que cumpla su pena.

Quisiera lanzar una voz de apoyo y ánimo a las personas e instituciones que vuelcan sus esfuerzos en tratar de dignificar y humanizar la vida en prisión. El endurecimiento de la legislación penal rebosa dosis de demagogia política. ¿Por qué, de facto, el sistema penal y penitenciario español y la propia Administración penitenciaria parecen haber renunciado a su responsabilidad de reinserción? ¿Cabe admitir que se asocie a los internos con pecios hundidos sin posibilidad de retornar a la superficie, a la vida social?

Por todo ello, y tras el simbolismo que sin duda encierra esta importante trasferencia competencial para Euskadi, lo verdaderamente importante es que emerge la posibilidad real de trabajar desde el ámbito de la política penitenciaria con una visión restaurativa, basada de verdad en el intento y en la apuesta por la resocialización de las personas presas: desde su formación en prisión hasta la vocación de inserción gradual en la sociedad.

Ese es nuestro gran reto ante la llegada de esta ansiada competencia. La coordinación y asesoramiento de este reto queda en manos de Jaime Tapia, quien junto a su extraordinario conocimiento jurídico técnico ha mostrado a lo largo su dilatada carrera judicial unos valores anclados en la ética y en el humanismo que son garantía de buena fe y de un impulso sincero por mejorar el sistema penitenciario.