Sánchez, complacido

Pedro Sánchez ofreció ayer un balance autocomplaciente de sus siete meses de gestión al frente del Gobierno. En él reiteró su propósito de agotar la legislatura y su disposición a postularse para otro mandato con el apoyo de formaciones independentistas. Es hasta cierto punto lógico que los gobernantes realcen su acción sin atisbo de autocrítica, presenten como propias las buenas nuevas de la economía y entiendan que corresponde a la oposición cuestionar su ejecutoria. Pero aunque el presidente tenga motivos para mostrarse satisfecho por algunas de sus iniciativas, debería exhibir más humildad cuando todavía no ha conseguido asegurar la tramitación de unos Presupuestos propios para 2019. Su comparecencia pública, como buena parte de la diatriba partidaria en España, versó también sobre qué alianzas son legítimas y cuáles no tanto a la hora de garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Sánchez accedió a La Moncloa a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy basada en la sentencia judicial sobre la primera etapa de 'Gürtel'. Él sabe mejor que nadie que ningún Gobierno puede verse obligado a renunciar si no surge una mayoría parlamentaria que vote contra su presidente y dé así paso a otro. El 1 de junio Sánchez fue investido 'a la contra'. Hoy no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, sino con la certeza de que ninguno de los grupos que secundaron aquella moción de censura quiere elecciones anticipadas. Además, el enconamiento de la confrontación partidaria ha dado lugar a que no haya margen para un debate franco sobre las políticas que precisa el país y sus efectos reales tanto en el ámbito económico como en cuanto a la integración territorial. Junto a ello, la aparición institucional de Vox y su concurso en la mayoría que se perfila para la Junta de Andalucía le ha servido a Sánchez para relativizar los problemas que entraña su dependencia de la anuencia secesionista. Solo necesita que el rupturismo independentista no incurra en actos susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal Constitucional, denunciados ante el Supremo o que pudieran reavivar la exigencia del 155. Aunque ello no alcance para lograr la aprobación de sus Presupuestos. En tal estado de cosas, la política española debe librarse de la continua especulación sobre en qué momento tendrán lugar las elecciones generales, de una oposición que reduce sus conclusiones a su insistente exigencia y de un Gobierno que elude o juega con el enigma realzando el único poder indiscutible con el que cuenta su presidente.