La política, profesión de riesgo

Un precedente de sociedad democrática que se suicida mediante el 'ajuste de cuentas' con sus élites fue la esplendorosa Atenas de los siglos IV y V antes de Cristo; una 'ciudad estado' que se encontraba en el summum del prestigio, la riqueza y el poder. Y que aportó una larguísima lista de dirigentes políticos, filósofos, dramaturgos y artistas que siguen estudiándose hoy como ejemplos de vida. Pero los atenienses llegaron al extremo de exigir que el éxito se convirtiese en una obligación para sus líderes. Y en un periodo de 60 años, 35 strategos (líderes político-militares) y 19 cargos públicos fueron acusados ante la Asamblea del pueblo. La pasión 'justiciera' llegó al extremo de juzgar hasta tres veces por lo mismo a algunos de ellos. Procesos celebrados ante cientos de ciudadanos, que intervenían y votaban; y en los que los acusados se enfrentaban incluso a la pena de muerte. Tras fracasar en una acción de guerra, el intrépido stratego Demóstenes se negó a regresar a Atenas con su flota, pues temía enfrentarse al juicio que le incoarían sus enemigos políticos y solo después de conseguir la espectacular victoria de Olpae se sintió seguro para regresar.

La irascibilidad ateniense incluso podía volverse contra un ciudadano particular que les resultase molesto; eso le pasó al filósofo Sócrates, acusado de «corromper la moral de la juventud» con sus comentarios. La Asamblea le condenó a beber la cicuta. Enfadar a aquella opinión pública se volvió peligrosísimo, por lo que lo lógico fue eludir las responsabilidades públicas o ejercerlas con cautelas exageradas. La espiral destructiva de los atenienses en contra de sus líderes políticos, militares e intelectuales contribuyó a su derrota en la guerra del Peloponeso y, en última instancia, propició que toda Grecia acabase sometida a los romanos. Dos siglos después, estos cometerían similares errores de 'cainismo' populista, contribuyendo a que su república se convirtiera en un imperio hereditario (todavía más populista, el de 'pan y circo').

Actualmente, las exigencias de la gente a los cargos públicos y a los políticos ya no se limitan a que los servicios funcionen un 100% sin fallos; también se les hace automáticamente responsables de los accidentes laborales acaecidos en las empresas privadas supervisadas. Se les presupone culpables hasta que demuestren lo contrario. Véase lo ocurrido con el accidente laboral del vertedero de Zaldibar, cuyas trágicas consecuencias fueron inmediatamente atribuidas a las autoridades.

Estas desmesuradas presiones a quienes más perjudican en última instancia es a los gobernados, pues limitan enormemente la captación de talento para la gestión de 'lo público'. Para empezar, porque dedicarse a la política supone perder la intimidad. Cualquier político que vaya a un restaurante u hotel de lujo, se suba en un yate o entre en una tienda exclusiva se expone a que su imagen y la de sus acompañantes aparezca minutos después en las redes sociales con acusaciones de 'aprovechado' o 'corrupto'. Y si accede al Parlamento cualquiera puede saber cuáles son sus propiedades (perdiendo privacidad y ganando vulnerabilidad).

La política implica un gran lucro cesante para los grandes profesionales, pues sus sueldos son muy inferiores a los de las empresas privadas y tienen restricciones para encontrar trabajo al cesar del cargo. Incluso sus allegados adquieren por su culpa restricciones laborales y empresariales (por la sospecha de amiguismo y corrupción). Por eso cada vez encontramos menos personas altamente cualificadas en el servicio público. Gravísimo asunto, pues nunca hasta ahora hemos necesitado tanto de líderes con talento, dedicación e incluso pasión.