En plenitud de funciones

A partir de ahí, lo apropiado sería dedicar estas líneas a glosar los hitos de estos cuarenta años de laborioso y exitoso recorrido. Pero la casualidad, como decíamos, ha venido a interponerse, presentando su caprichosa invitación. Y es que la precariedad vuelve a marcar hoy la actualidad de la Cámara. Si entonces fue la incertidumbre sobre su futuro, ahora es la anomalía que supone la parcial suspensión de sus funciones. Nos hallamos, en efecto, con la paradoja de que la crisis sanitaria y el estado de alarma, que demandarían el pleno funcionamiento de la Cámara, se topan con que ésta se encuentra dimidiada en sus funciones y sólo puede funcionar al ralentí. Y lo peor es que ni sus inquilinos naturales ni sus asesores saben cómo romper el círculo vicioso en que están encerrados entre dos alternativas imposibles: la presencial, por la emergencia sanitaria, y la telemática, por la prohibición de la ley. Sin embargo, no haría falta recurrir a las bruscas soluciones que sugiere aquello de «a grandes males grandes remedios» para encontrar salidas políticamente razonables y jurídicamente plausibles. Yo, al menos, desde mi ignorancia en asuntos de leyes, no alcanzo a entender la razón de que la inseguridad jurídica que valió para desconvocar unas elecciones ya convocadas no haya de valer también para devolver a la Cámara el pleno funcionamiento del que la convocatoria suspendida la privó. No acabo de ver, en otras palabras, por qué ha de mantenerse en activo, una vez aplazada la convocatoria, la Diputación Permanente y no devolver al Parlamento sus plenas funciones, que serían, por cierto, las únicas facultadas para romper el citado círculo vicioso.

Hay razones de orden político que lo demandan. En la situación de incertidumbre en que estamos, nuestra seguridad pasa por la fortaleza de nuestras instituciones. Y ha de decirse al respecto que no es el estado de alarma, una institución constitucional, lo que las debilita. Lo que puede acabar, más bien, arrumbándolas son las secuelas que dejará en el ámbito político la gestión de la profunda crisis sanitaria que sufrimos y cuyo final aún no vislumbramos. A nadie puede ocultársele, en efecto, a estas alturas, que uno de los puntos del antagonismo se centra ya en la función que desempeña, buena o mala, el sistema autonómico. Y el polo con mayor capacidad de seducción populista es el que aboga por mayor centralización como sinónimo de eficiencia y eficacia. Venderá la barata mercancía del despilfarro de energías y el desorden funcional que supone el Estado de las Autonomías. Nadie tiene hoy en solitario fuerza bastante para detener su embate. Sólo el consenso y la unión en torno a unas instituciones fuertes podrán hacerle frente. Y, entre éstas, el Parlamento es la que mejor representa y más fortalece ambas virtudes.

Devuélvasele, pues, cuanto antes el pleno ejercicio de sus funciones, en lugar de mantenerlo en coma. Por lo que pueda venir. Sería la mejor manera de conmemorar su cuadragésimo aniversario. Por fortuna, hasta quienes lo denigraron en su inicio aceptan hoy su legitimidad e incluso reclaman su plena restauración. He ahí su éxito y la mejor prueba de su fortaleza.