Vía muerta en Cataluña

Sánchez ha tenido que renunciar al peligroso juego, teniendo en cuenta que seguían siendo infranqueables los obstáculos alzados por el independentismo

Vía muerta en Cataluña
Antonio Elorza
ANTONIO ELORZA

Hace varios días, en un comentario sobre el laberinto catalán, comparé la situación de Pedro Sánchez a la del protagonista de un viejo clásico, 'Solo ante el peligro', sometido al cerco asfixiante de unos agresores, en este caso los portavoces del independentismo, que además se veían respaldados por la derecha constitucionalista, que le cerraba a cal y canto las puertas en las que hubiera podido refugiarse. Nuestro hombre carecía de balas en el revólver y por ello su posición era desesperada. Pero de repente todo pareció dar un vuelco, al hacerse pública una oferta del Gobierno que incluía el funcionamiento de la comisión interpartidaria, que por añadidura en ese momento no incluía a PP y Ciudadanos. Esto no era nada grave dado el nivel en que se colocaba inicialmente, solo que adquirió un nuevo relieve con la intervención activa del Gobierno, que iba a designar para su coordinación una figura de perfiles confusos, pero de inequívoca significación política: El relator.

Se trataba de una concesión en toda regla, solo explicable por el deseo de Pedro Sánchez de agotar las posibilidades de diálogo, garantizando de paso su supervivencia en la Moncloa mediante la aprobación de los Presupuestos del Estado. En apariencia, suponía una victoria en toda regla de las presiones independentistas, que siempre tendieron a introducir organismos donde se vieran implícitamente reconocidos como protagonistas del conflicto, y que funcionaran al margen del ordenamiento constitucional. Y con atribuciones tan graves como elaborar propuestas resolutivas. Solo faltaba que el relator fuese una personalidad extranjera para que la soñada internacionalización del conflicto se viese lograda por entero.

Las instituciones constitucionales, con el Parlament a la cabeza, se veían vaciadas de su contenido, y de seguir fuera Ciudadanos y PP, otro tanto sucedía a los partidos constitucionalistas. De nuevo en apariencia, todo eso sonaba incluso a farsa, como si hubiese existido un acuerdo previo entre Sánchez y los independentistas, para que estos presentaran su ultimátum escalonado, empezando por ERC, y así verse justificado para ceder. Desde el ángulo de cualquier observador, era como si el sheriff de 'Solo ante el peligro' se hubiese aliado a los forajidos después de pactar con ellos.

Imaginemos el funcionamiento de ese comité, con PSOE y Podemos de un lado, el frente independentista de otro, con un 'relator' que tendría amplias posibilidades de dirigir el juego, y más aun cuando los súbditos de Puigdemont y de Junqueras solo admitirían a alguien escorado hacia el nacionalismo. Se habló por Podemos del filósofo Daniel Innerarity, hombre muy sensato, pero eso sí, nacionalista. Nada tiene de extraño que la triada derechista clamase al cielo, en los tonos apocalípticos habituales, ni que figuras de primer plano del socialismo histórico, como Alfonso Guerra y sobre todo Felipe González, pusiesen seriamente en tela de juicio el invento. La reiterada profesión de fe constitucionalista del Gobierno no podía evitar que ese salto a la 'alegalidad' tomase el aspecto de un descenso progresivo a la autodeterminación.

Al final, Pedro Sánchez ha tenido que renunciar al peligroso juego, teniendo en cuenta que seguían siendo infranqueables los obstáculos alzados por el independentismo. No cabía esperar otra cosa después de la provocación expresada en las 21 exigencias presentadas por Quim Torra a Sánchez. Puro esperpento, destinado a insistir en la falsificación de los hechos y de las propuestas que tan bien le han resultado a la Generalitat de cara a la opinión pública europea. El núcleo de las propuestas era inevitablemente la autodeterminación, única «resposta democràtica per Catalunya», con lo cual, ya de entrada, sobraban las invocaciones al diálogo. ¿De qué puede hablar entonces Sánchez con él? No solo eso: Resultaría necesaria una mediación internacional para llevarlo a cabo. La soberanía nacional de Cataluña no es un objetivo, sino un fundamento, y supuesta su existencia toda acción del Estado español es vista como una agresión contra ese derecho indiscutible. De antemano, el Gobierno español deberá renunciar al uso del artículo 155 y a acudir a la vía judicial. De su impotencia a la DUI hay solo un paso.

El resto es una espesa salsa con el discurso de denigración de España para uso exterior, empezando por la represión «de presos políticos y exiliados», para concluir en «la deshumanización del adversario», que, según Torra, practica Madrid: Un hallazgo elaborado seguramente tras releer uno de sus propios escritos. Y, como última consecuencia del descubrimiento de ese museo de horrores, Torra se autodesigna como regenerador de esa España opuesta a la democracia y plagada de residuos franquistas. La apostilla va dirigida contra la monarquía parlamentaria, de cuya impopularidad se hace eco el sensible president republicano.

En sus palabras, Torra no solo aspira a lograr la independencia de Cataluña, sino a hacer democrática a España. En esa tarea no valen términos medios ni beneficios transitorios, como sería votar unos Presupuestos generosos para Cataluña. O todo o nada. Lo único aceptable sería que Sánchez aceptara abrir de forma irreversible el camino hacia la independencia. Solo que aunque quisiera, no puede hacerlo. De ahí la declaración de Pedralbes.

La gran beneficiaria de esa táctica demoledora, salvo rectificación improbable, va a ser la derecha constitucionalista. En la manifestación de Madrid, a la acusación de traidor, Casado y Rivera añadirán la de inconsciente. Ante el desprestigio de Sánchez, avanzan hacia el poder, aun cuando sobre un campo de ruinas políticas. El siniestro choque de trenes está entonces garantizado.