La licitud del rechazo a la sentencia

La sentencia ha indignado a mucha gente, especialmente en Cataluña. También en el mundo del derecho hay muchos profesionales que no entienden la interpretación abierta y extensiva del delito de sedición que podría aplicarse a muchas acciones de protesta frente a resoluciones judiciales (desahucios, por ejemplo) o decisiones de la Administración que afectan a derechos sociales. Hay expertos penalistas que entienden que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al aplicar la sedición en virtud de la presunción de que los acusados tenían el dominio y control sobre los hechos sediciosos, sin que la presunción se haya visto acompañada de prueba.

El rechazo en sede judicial se canaliza a través de los recursos pertinentes solicitando la revisión de la sentencia. No sólo es lícito sino que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, entendida en este caso como el derecho a recurrir la sentencia. El independentismo tiene que saber que la única manera de revisar la sentencia es a través de los pertinentes recursos judiciales.

Es obvio que los tribunales están integrados por jueces y magistrados que conviven con nosotros y por lo tanto son conocedores del reproche o de la alarma social causada. Pero también lo es que la revisión judicial vendrá sólo si hay razones jurídicas para ello, dando así una salida legal al reproche y a la indignación.

Pero el rechazo social cumple también la función de vertebrar a la comunidad descontenta en torno a la idea de lo injusto de la sentencia y de la necesidad de buscar un cauce para la libertad de los condenados. Hoy en día, el conflicto catalán está centrado en la libertad de los presos mucho más que en la autodeterminación.

La sentencia y el rechazo expresado por amplios sectores de los catalanes tendrán sus efectos electorales, tanto en los comicios del 10-N, como en unas próximas autonómicas. Si el independentismo sale reforzado, la cuestión de los presos estará muy presente en la agenda política a fin de que se arbitre alguna alternativa dirigida a su libertad, bien a través del indulto o de una ley de amnistía fundamentada en especiales razones de convivencia y paz social. Soy conocedor de que a corto plazo no hay condiciones para aprobar esta medida. Soy conocedor de que es una cuestión jurídicamente controvertida, pues la discusión sobre la constitucionalidad o no de una ley de amnistía está abierta. Pero lo cierto es que no hay jurisprudencia y el TC no tiene pronunciamiento alguno, y la doctrina existente está dividida. Lo dejo para el debate.

De lo que no hay ninguna duda es que si el independentismo por acción u omisión deja que el rechazo a la sentencia se vea contaminada por la violencia, no só lo se arruinará el futuro de ese proyecto político, sino también tendrá sus efectos muy negativos en la suerte de los procesados.