El gran enigma y su solución
España necesita una reforma de la Constitución, pero no para solucionar el problema que plantea el nacionalismo radical catalán
Ha llegado el del 1 de octubre, tan temido y esperado. Ya nada será como antes a partir de mañana. No importa. El día 2 ... los problemas serán los mismos, si no agravados. Es probable que casi todo esté ya dicho en referencia a la cuestión planteada por el nacionalismo radical catalán -ya no hay otro nacionalismo-. Y cuando eso sucede, lo único que queda es analizar los argumentos que se utilizan para debatir dicha cuestión. Los argumentos que parecen más interesantes para el análisis no son los de quienes están claramente a favor de las tesis del nacionalismo radical, ni las de quienes están claramente en contra, sino los de quienes critican claramente el planteamiento de los nacionalistas radicales, pero creen que hay un espacio intermedio entre la reafirmación de las leyes y el cumplimiento de la Constitución, por un lado, y las exigencias del nacionalismo radical, por otro.
Ahí radica el gran enigma, o el gran vacío. ¿Qué hay, qué puede haber en ese espacio intermedio? Normalmente la pregunta no obtiene una respuesta clara, sino alguna generalidad: diálogo (¿sin gramática común?), sentarse a la mesa (¿cuál?), política (¿sin ley, sin gramática constitucional, sin crear más problemas, sin confundir diversidad con desigualdad? Alguna propuesta así lo concreta: dar a Cataluña competencias y financiación que no se puede dar al resto de comunidades autónomas, dar a Cataluña quitando al resto, arreglar un problema, grande, creando otro mayor).
España necesita una reforma de la Constitución, pero no para solucionar el problema que plantea el nacionalismo radical. España necesita reforzar los mecanismos e instituciones que representan el conjunto y su pluralidad -en eso consiste el federalismo-, pero no para arreglar la cuestión catalana.
El enigma es enorme, un gran vacío porque nadie se atreve a formular abiertamente lo que en realidad piensan: es preciso, para atraer a los nacionalistas que no son radicales, si es que queda alguno, algo que se sabe que es difícilmente compatible con la Constitución del 78, difícilmente aceptable para el resto de comunidades, algo que huele, suena y significa privilegios contantes y sonantes, en poder y financiación. Por eso es el problema irresoluble, porque en definitiva se trata de conseguir que los catalanes se sientan cómodos en España a condición de darles tratamiento VIP para que se sientan debidamente reconocidos.
A lo largo de los que dura el debate sobre el problema planteado por el nacionalismo radical catalán hemos podido leer que en realidad no se trata del «problema catalán», sino del «problema español». Es España la que tiene un problema, a los nacionalistas radicales se les escucha decir que España tiene miedo de que se vaya Cataluña, y un constitucionalista catalán, Enoch Alberti, ha dicho en una entrevista que lo que pone de manifiesto el problema catalán no es la cuestión de la independencia, sino la validez del proyecto constitucional español del 78.
Es cierto: el problema planteado por el nacionalismo radical catalán está poniendo a prueba el sistema constitucional español, que es el sistema que garantiza los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Por eso es cierto que nos encontramos ante un problema que afecta a todos los ciudadanos españoles.
Siendo esto así, la consecuencia debiera ser obvia dándole la razón a Pep Guardiola: no es cuestión de independencia, sino de urnas. Y como es algo que nos afecta a todos los españoles, yo también quiero votar, quiero tener una urna en la que depositar mi voto para asegurarme la garantía de mis derechos y libertades fundamentales. Llevada la cuestión al extremo al que se ha llevado, todos los españoles nos encontramos concernidos en lo más precioso que poseemos como ciudadanos: el ejercicio de la libertad y derechos fundamentales, algo que se está poniendo en cuestión en y con el proceso catalán.
A veces he pensado que la elección del presidente de EE UU me afecta casi más que la de los miembros del Parlamento vasco. De la misma forma, como ciudadano europeo, las elecciones alemanas también me afectan y me gustaría poder participar en ellas, aunque pueda participar en la elección del Parlamento europeo. No puedo hacerlo ni en un caso ni en el otro. Pero si el marco del que nos dotamos en 1978 con la Constitución es lo que está en cuestión, tengo todo el derecho del mundo no solo a manifestar mi opinión, sino de decidir con mi voto si quiero que siga siendo mi marco de garantías, si quiero que se cambie, y, de proceder el cambio, si quiero que sus principios y valores básicos sigan en pie o no.
Sé que lo planteado en las líneas anteriores será considerado como una salida ingenua en el mejor de los casos, o una salida burda, o un sinsentido, una salida de pata de banco. Pero lo he planteado desde la tranquilidad que me da el haber tenido la suerte de coordinar un trabajo colectivo publicado por la editorial Tecnos en 2014, con el título ‘La secesión de España’, con trabajos de Alberto López Basaguren, José María Ruiz Soroa, Bárbara Ruiz Balzola, Luis Castells, Joseba Arregi, Matías Múgica y José Rodríguez Mora. No tuvo demasiada repercusión ni en los medios, ni en los partidos políticos, aunque recibió el respaldo del difunto constitucionalista Francisco Rubio Llorente. No lo tomaron en consideración ni los que hasta ahora se han opuesto a una reforma de la Constitución, ni los que han hecho bandera de la reforma de la Constitución, ni los nacionalistas.
Vuelvo a la propuesta: quiero votar porque están en juego mis derechos y libertades ciudadanos. Quiero que se me pregunte si quiero continuar con la Constitución actual, si quiero reformarla manteniendo las bases y valores fundamentales de ella, con retoques que no pongan en peligro el conjunto del entramado constitucional, pero no quiero que me la reformen otros y por la puerta de atrás.
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