Encomienda a Pumpido
Editorial ·
El Tribunal Constitucional no puede admitir que su imagen sea la de un mero plano sobre el que se proyectan las diferencias partidistasel correo
Jueves, 12 de enero 2023, 00:07
La renovación del Tribunal Constitucional condujo ayer a la elección de Cándido Conde-Pumpido como su presidente para los próximos dos años y medio y ... de Inmaculada Montalbán como vicepresidenta. Con ello, la corte de garantías deberá retomar su crucial tarea sin que los cambios en su composición dilaten resoluciones largamente esperadas. A ello se comprometió su máximo responsable, lo que requerirá que el TC recupere la máxima normalidad tanto para centrarse en el desarrollo de los trabajos y deliberaciones pendientes como para ofrecer a la ciudadanía la solvencia de una institución que ha de ser de todos. Un magistrado y una magistrada considerados del sector progresista se hicieron con los puestos que ordenan la agenda del tribunal, entre otras de sus facultades, en un gesto de réplica grupal que rompe el habitual reparto de cargos entre ese sector y el conservador. El apoyo de María Luisa Segoviano inclinó la balanza de la presidencia -a la que también aspiraba la progresista María Luisa Balaguer- hacia el exfiscal general del Estado y frustró las maniobras de los vocales propuestos por el PP.
Lo importante ahora es que los magistrados y magistradas del Constitucional, tanto quienes sientan haber ganado en la liza como los que se vieran derrotados, se encomienden a velar por la constitucionalidad de las normas que emanan de los tres poderes de un Estado que es, además, autonómico. La agenda pendiente del TC está repleta de recursos a leyes promulgadas por mayorías de izquierdas y de una más que notable relevancia social. La imagen proyectada en los últimos meses de un tribunal no diverso y plural, sino dividido en dos bloques compactos e irreconciliables, se visibilizó desgraciadamente en las votaciones de ayer. Como si en el fondo las sentencias o, cuando menos, las partes resolutivas sobre esos asuntos pendientes u otros estuvieran dictadas ya.
Esa percepción de la corte de garantías como un plano sobre el que la política partidista proyectase sus diferencias ideológicas es, a la vez, efecto y causa de la erosión que sufre la legitimidad institucional. Un problema al que ni Conde-Pumpido -considerado afín al Gobierno- ni los demás magistrados pueden sustraerse como si no debieran hacer nada para superarlo. Aunque bastará con que se pronuncien en sentencias y votos particulares con arreglo a convicciones constitucionalmente sostenibles que contribuyan al entendimiento mutuo y a la convivencia.
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