Orgullo colectivo
El odio hacia lo LGTBI se acomoda a una visión, insolidaria y nada democrática, de que el asunto atañe solo a una minoría
El odio contra las personas que se declaran lesbianas, gais, bisexuales o trans, contra quienes lo son e incluso contra aquellas que se lo parecen ... a los odiadores está presente en una sociedad abierta como la nuestra no solo como una reminiscencia atávica. También como exacerbación del desconcierto en que se hallan especialmente muchos hombres jóvenes que no encuentran otro sitio en una comunidad libre y diversa que el del machismo más agresivo, verbal y hasta físicamente. El hecho de que en solo cuatro años los mensajes de odio se hayan duplicado en las redes atestigua que su consideración penal no consigue poner freno a una aversión irracional que afecta a las personas concernidas y a la convivencia también en los casos que no son legalmente punibles. El estudio de la consultora Llorente y Cuenca sobre 780.000 perfiles digitales españoles indica que mientras los ataques han aumentado desde 2019 un 132%, los mensajes positivos hacia ese colectivo se han reducido en un 15%. El informe subraya el retroceso experimentado en una colectividad que antes de la pandemia presentaba un 60% de conversaciones positivas en las dedicadas al colectivo LGTBI; aunque también destaca que buena parte de las expresiones agresivas son proyectadas a través de la crítica a políticos y partidos por su adhesión a las celebraciones del Orgullo y a raíz de la promulgación de la llamada ley trans.
Esto último suscita una cuestión que, aun siendo delicada, debe abordarse con absoluta franqueza. La dignidad LGTBI no requiere solo tolerancia social entendida como un respeto pasivo. Exige el compromiso activo y unánime de los ciudadanos y de las instituciones por positivar sus derechos en tanto que derechos de todos, desterrando cualquier asomo de exclusión o barrera en la realización de una vida plena. Nada puede resultar más injusto que conferir a lesbianas, gais, bisexuales o trans la responsabilidad exclusiva de que batallen para que se les haga justicia. Pero no parece que el protagonismo partidista, la ideologización de las distintas fuerzas o el vanguardismo legislativo contribuyan al avance pretendido. De los hechos conocidos y registrados que pudieran ser constitutivos de delito por orientación sexual e identidad de género, en 2021 el Ministerio del Interior recogió 466 casos, un 68% más que el año anterior y que en 2019. El dato obliga a rebatir un aspecto crítico: la extendida visión, insolidaria y nada democrática, de que el asunto atañe a una minoría, cuando la mayoría tendría otras preocupaciones.
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