Contestación territorial
Ante las exigencias de Aragonès rebatidas por los barones del PP, el PSOE sigue sin aclarar qué está dispuesto a ceder al secesionismo
El Senado contó ayer con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los máximos responsables de otras once comunidades y dos ... ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular en una sesión monográfica sobre «la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles y de solidaridad» interterritorial. La intervención del dirigente de ERC fue esclarecedora al situar la amnistía por los delitos que hubiesen sido cometidos durante el 'procés' como punto de partida para acordar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No hubo más precisiones por su parte ni en cuanto a los términos en los que debieran cumplirse ambas exigencias ni en cuanto a las fechas de su materialización. El país perdió la oportunidad de oír las opiniones de los tres presidentes autonómicos socialistas y del lehendakari, y también el del Gobierno, que por primera vez se ausentó de una reunión de la Comisión General de Asuntos Territoriales.
Es comprensible que los barones del PSOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez adujesen que la sesión había sido impulsada por el PP con la intención de interferir en la marcha de las negociaciones para la investidura. Pero debieron expresar sus objeciones ayer en el Senado, sin rehuir el debate respecto a las palabras de Aragonès que, no solo por ser el primero en hablar, actuó de hecho como ponente y tuvo la falta de delicadeza de no quedarse a escuchar a los demás intervinientes. Hoy seguimos sin conocer lo que los socialistas están dispuestos a conceder a ERC y a Junts antes del 27 de noviembre -la fecha límite para la votación- a cambio de continuar en La Moncloa. Un silencio que los presidentes autonómicos del PP interpretaron como una disposición «no a perdonar, sino a pedir perdón» a los secesionistas que vulneraron la ley con el 'procés'.
Fue común la advertencia de que la financiación de las autonomías no puede atender al reparto de los fondos que resulten de saldar previamente una supuesta deuda histórica con Cataluña. La perspectiva de un referéndum de independencia parecía tan inconcebible para los barones autonómicos que solo se mantuvo como telón de fondo. Tanto Aragonès como los portavoces de Junts y de ERC volvieron a revelar que el discurso secesionista presenta la independencia como un objetivo al que aspiraría poco menos que desde cero, cuando es el constructo del poder que dirige Cataluña gracias a la Constitución y el Estatut.
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