La dimisión de un consejero honrado

Parece evidente que la coyuntura política -la campaña electoral- así como la más que probable censura parlamentaria al consejero han actuado como las verdaderas razones tenidas en cuenta a la hora de optar por la dimisión. No parece que se haya llegado a la inevitabilidad de la dimisión por considerar que la misma era necesaria desde el punto de vista de la responsabilidad política por actos ajenos al consejero, pero incluidos en su área de responsabilidad.

Comparto con el lehendakari que estamos ante un consejero honrado, competente y gran conocedor de la materia que le correspondía dirigir. Es más, probablemente su actuación al frente del Departamento de Salud sea reconocida como brillante en beneficio del Sistema Vasco de Salud. Pero Darpón ha tenido la mala fortuna de que en el marco de uno de los buques insignia de su programa de gobierno, la OPE de Osakidetza, unos cuantos tramposos al parecer cometieron una serie de irregularidades poniendo en cuestión algunas de las pruebas. Es obvio que el consejero dimisionario no es autor ni cómplice ni culpable de las irregularidades habidas. Algunas de esas responsabilidades se están investigando en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria tras la admisión a trámite de la denuncia presentada por la Fiscalía Superior del País Vasco. La dimisión nada tiene que ver con una supuesta responsabilidad penal de los investigados.

La dimisión del consejero tiene que ver con la responsabilidad de los cargos públicos. Es decir, la llamada responsabilidad política. Es una responsabilidad que se exige normalmente en sede institucional, donde la mayoría, en caso de que la haya, establece la censura o reprobación pertinente. Es una responsabilidad, donde el cargo político responde no solo de los actos u omisiones propias, sino también de actos y omisiones atribuibles a su área de responsabilidad, máxime cuando se trata de aplicar un acuerdo del Gobierno.

En el caso de la llamada crisis de la OPE parece bastante claro que fallaron los controles internos. Esto parece un hecho incontrovertido, aunque queda pendiente de aclaración definitiva si hubo filtraciones de exámenes. Es cierto que esta responsabilidad no tendría que ser necesariamente atribuible al consejero, habiendo cargos intermedios directamente responsables de la buena ejecución de esta OPE. Es preciso recordar que en esta crisis hubo ya dos dimisiones, la directora general de Osakidetza y el director de Recursos Humanos. Pero dichas dimisiones nunca se explicaron en razón a la asunción de la responsabilidad porque los controles fallaron y no se evitaron las irregularidades detectadas. Al no haberse asumido expresamente esta responsabilidad con aquellas dimisiones, se dejó vía libre para que la exigencia se centrara en el consejero. La denuncia de la Fiscalía y la admisión a trámite de ésta no hacían más que reforzar la tesis de quienes sostenían que la crisis de la OPE se llevaría por delante a Jon Darpón. Un consejero honrado, capaz y trabajador, pero que no supo gestionar adecuadamente esta crisis con la diligencia y responsabilidad exigibles.