Conllevar el 'procés'

Cuando se cumple hoy justo un año de la confusa y efímera declaración de independencia del Parlament catalán (proclamada y suspendida pocos segundos después, 27/10/2017), no puede decirse que la situación en Cataluña se haya despejado ni que esté en vías de hacerlo. Ni la activación del artículo 155 de la Constitución, seguida inmediatamente del cese del Govern y de la disolución del Parlament, ni las elecciones posteriores, que reprodujeron en líneas generales y en lo sustancial el mapa político ya existente, sirvieron para recuperar una normalidad institucional cada vez más precaria en el agitado escenario político catalán. Tampoco la constitución del nuevo Parlament tras los comicios ni la formación del nuevo Ejecutivo en junio (casi seis meses después de las elecciones, lo que da una idea de la anomalía institucional en que se desenvuelve el proceso político catalán), han contribuido al desbloqueo de la anormal situación política e institucional que está viviendo Cataluña durante este último periodo.

El bloqueo político y la anomalía institucional a la que ha conducido el desarrollo del 'procés' constituyen los rasgos definitorios de la actual coyuntura, marcada por la más completa incertidumbre sobre el futuro político e institucional de Cataluña. Y, a la vista de los datos que se conocen y de las previsiones sobre el próximo futuro que pueden deducirse razonablemente de estos datos, nada indica que nos hallamos ante un cambio en la orientación seguida hasta ahora que pueda encaminarnos hacia la apertura de nuevas vías más fiables y seguras. Más bien habría que constatar la persistencia de las actitudes mantenidas durante todo este último periodo, que no solo se mantienen sino que tienden incluso a consolidarse, lo que conduce inevitablemente al enquistamiento de las posiciones (lo que ya es perceptible) y, en definitiva, a un reforzamiento del bloqueo institucional ante un futuro que se presenta cada vez más incierto políticamente.

No deja de ser ilustrativa a este respecto la deriva seguida por las propias instituciones catalanas durante este último año. Empezando por un Parlament, surgido de los últimos comicios (los cuartos en siete años de auténtico furor electoral: 2010, 2012, 2015, 2017), que ha estado bloqueado debido a las disensiones en el seno de su propia mayoría parlamentaria y que, en consecuencia, ha tenido (y sigue teniendo) un funcionamiento particularmente anómalo. No faltan, sin embargo, las proclamas declarativas recurrentes sobre los más variados temas en relación con el 'procés', lo que en ningún caso puede suplir la falta de actividad en los terrenos que son los propios de toda institución parlamentaria, empezando por la actividad legislativa, prácticamente inexistente. En estas condiciones, el problema no es tanto la actividad parlamentaria como la falta de ésta, producto del bloqueo político del máximo órgano representativo catalán, que pone en riesgo la propia continuidad de la actual legislatura.

A ello hay que añadir, por lo que se refiere al Govern, la extraña bicefalia que el president Quim Torra y el expresident Carles Puidemont (habrá que hablar de 'Torrademont' para designar a este singular dúo) se empeñan en mantener a la cabeza del Ejecutivo, lo que, aparte de otras consideraciones, no deja de ser una situación insólita en la experiencia institucional comparada. Es difícil hacer cualquier previsión razonable sobre cuál puede ser el comportamiento y recorrido, en especial por lo que se refiere al mantenimiento del respaldo parlamentario, de un constructo institucional tan poco razonable y tan anómalo como este Govern bicéfalo. Lo que está claro, si algo puede estar claro en toda esta extraña 'melée' institucional en que se desenvuelve el 'procés', es que una situación como ésta difícilmente puede proporcionar el soporte institucional a cualquier proceso político que aspire a tener fiabilidad y continuidad.

Y para completar el cuadro institucional, solo faltaba la intervención judicial, en la forma que se ha producido a lo largo de todo este año. Es preciso puntualizar, a este respecto, que nada hay que objetar a la intervención judicial cuando se infringe la ley, lo que en el caso que nos ocupa parece bastante evidente. Pero no puede darse por buena cualquier forma de intervención judicial y, en este sentido, cabe expresar las más serias reservas sobre la prisión provisional (prolongada durante un año ya) de los procesados o sobre la calificación como rebelión de los hechos en los que éstos intervinieron. No es de extrañar que tal comportamiento judicial –el Supremo acaba de abrir juicio contra 18 personas– despierte reticencias en algunas instancias judiciales europeas –Alemania, Bélgica, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo…–. En cualquier caso, una cosa es que las intervenciones judiciales no puedan guiarse por el criterio de la conveniencia política, y otra que hay intervenciones judiciales más que discutibles que contribuyen a agudizar más los difíciles problemas ya existentes.

Resulta aventurado hacer cualquier pronóstico fiable sobre el futuro político e institucional de Cataluña a la vista del desarrollo de los acontecimientos ocurridos durante este último año y de las actitudes que en el momento presente se mantienen tanto desde el Parlament y Govern como, por otra parte, desde las más altas instancias judiciales del Estado.

A falta de certezas más categóricas y a la vista de cómo están las cosas, uno no puede por menos de acordarse de las célebres palabras de Ortega y Gasset referidas a la 'conllevancia' con Cataluña en las Cortes republicanas hace ya más de ochenta años, e intentar hacer un esfuerzo, a pesar de las dificultades que no son pocas, por conllevar el 'procés'.