La nueva ordenanza animal multará con 500 euros a quienes no recojan las heces de perro en Miranda

La concejala María Cueva ultima junto a los técnicos municipales la redacción de un texto que espera aprobar antes de fin de año y que pondrá fin a tres décadas de laguna legal, ya que la anterior ordenanza es de 1986 y recoge multas en pesetas. Para su elaboración, se ha tomado como referencia la normativa de ciudades que llevan cierta ventaja en la adaptación local de la ley de bienestar animal. «La concienciación social sobre la tenencia responsable ha evolucionado mucho en todo este tiempo y necesitamos una ordenanza acorde», asegura Cueva.

Ahora hay ciertas infracciones que también son sancionables en base a otras ordenanzas, aunque rara vez se persiguen, pero la edil no tiene dudas de que es necesaria una norma específica en la que no solo se recojan infracciones, sino que también incida en «recomendaciones para garantizar una vida digna a los animales y proteger sus derechos».

Por ejemplo, se pide a los propietarios de mascotas que en la medida de lo posible eviten que orinen en las puertas de los portales y comercios, pero si sucede, se debe portar una botella con agua y vinagre o productos ecológicos para limpiar.

La nueva ordenanza regulará también el acceso de animales a edificio públicos. Así, se podrá entrar con mascotas a la zona de recepción y atención al público de todas las administraciones. En los bares y locales comerciales se puede restringir el acceso pero tendrá que estar debidamente indicado con un cartel visible en la entrada.

La intención es que el texto sea un marco de referencia para los próximos años, por lo que Cueva ha incluido la mayor cantidad de apartados posibles. Por ejemplo, se menciona la opción de que las mascotas puedan viajar en el transporte público, una medida que se ha sometido a votación de los usuarios. La encuesta sigue abierta en la web municipal y por ahora la mayoría de los viajeros son favorables a que se permita subir al bus con animales, siempre que se respeten ciertas pautas que quedarán debidamente tipificadas.

Uno de los principales problemas que encontrará la nueva ordenanza será el control de su cumplimiento. Hay infracciones fáciles de detectar, pero otras requieren de un seguimiento por parte de Policía Local o del Inspector Medioambiental, figura de reciente creación y que tendrá un papel importante.

Cueva cree que sería recomendable que periódicamente hubiera agentes de paisano en los parques para pillar a los dueños que no recogen sus heces, convencida de que las multas tienen un efecto disuasorio. Más complejidad supone detectar infracciones más graves y que quedan reguladas en la ordenanza como provocar sufrimiento a los animales, el uso de métodos violentos en la educación, el abandono o mantener a los perros y gatos de forma permanente en terrazas o atados en fincas. «En muchos casos serán necesarias visitas continuadas a diferentes horarios pero la idea es dotarnos al menos de las herramientas para poder castigar este tipo de conductas», sostiene. En los casos graves, las multas pueden llegar a los 50.000 euros mientras que los muy graves, son sancionables hasta con 200.000 euros y un posible delito penal.