Hurones y réptiles tendrán los mismos derechos que los 4.800 perros de Miranda

En la lista se incluyen hurones, cobayas, equinos o reptiles, que cada vez tienen más protagonismo. Al no ser ejemplares que se saquen a pasear, no resulta sencillo saber sus condiciones de vida en las casas, aunque cualquier infracción en su cuidado, está sujeta a la misma regulación y por lo tanto puede ser sancionable con la misa severidad. Además, si se les saca a la vía pública, como muchos dueños hacen con los hurones, tienen que estar debidamente identificados.

Según las estadísticas que maneja la concejalía, el 60% de las viviendas mirandesas tienen animales de compañía. El censo evidencia que los perros son abrumadora mayoría, ya que hay más de 4.800 en el registro municipal, pero los gatos han ido ganando peso, igual que otras especies.

Los felinos tienen un apartado especial por las colonias callejeras. Su cuidado está contemplado en el contrato con la empresa que gestiona el CEMBA pero dentro de la nueva ordenanza también se tipifica como falta grave la retirada, reubicación o desplazamiento de los gatos comunitarios en situaciones distintas a las que recoge la ley.

Y es que la política municipal respecto a las colonias de gatos callejeros apunta a brindar a los animales toda la atención veterinaria que precisen, incluida la castración, pero soltándoles nuevamente en su colonia. De la alimentación se encargan las cuidadoras, también identificadas, para que exista cierto control y para evitar que la gente deje comida de forma desorganizada, alimento que muchas veces acaba durante varios días en la calle, atrayendo roedores y generando problemas de salubridad.

María Cueva insiste en que la ordenanza no tiene únicamente por finalidad prohibir o sancionar, sino que el objetivo es avanzar en la concienciación ciudadana sobre la tenencia responsable y los derechos de los animales. En este punto, recuerda que es necesario proteger a todas las especies, ya que «parece que existe más sensibilidad hacia algunas que son más comunes, pero se pasa por alto el sufrimiento de otras». El nuevo texto quiere acabar con esa división.

Aunque la potestad de denunciar recae en Policía Local y el inspector medioambiental, «toda persona podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción». Una vez que la administración tenga constancia de los hechos, coordinará que los agentes puedan corroborar que realmente existe una conducta que puede ser sancionable según la normativa.