Venezuela y España tensan su relación

El Ministerio de Exteriores español denunció ayer con firmeza «las detenciones de personal laboral» de la Embajada y los registros en los domicilios de los mismos, lo que calificó de «incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena». Caracas hizo lo propio al denunciar la «complicidad confesa» del jefe de la misión diplomática, Jesús Silva, en la fuga del dirigente opositor. El régimen bolivariano advirtió de que se trata de una acción «inaceptable» e «incomprensible» en el marco de una relación bilateral histórica entre dos naciones que tendrá consecuencias.

«Realizaremos las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes», advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en una nota en la que mostraba su enfado por lo ocurrido. «El Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia», sostenía.

Mientras, el enfado crecía en Madrid por el hecho de que tres trabajadores venezolanos de la Embajada en Caracas continuaban ayer detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), sin posibilidad de ser vistos por sus familiares y abogados. Nubia Campos, la cocinera de Leopoldo López, así como Ibrahim Sojo y Carlos García, a los que la prensa local describe como personal de seguridad del opositor, seguían en manos de las autoridades venezolanas a pesar de los reiterados llamamientos y aclaraciones del Gobierno español de que la salida de López fue una decisión «personal y voluntaria».

Las fuerzas de seguridad bolivarianas sí habrían liberado ayer a seis vigilantes de la Embajada española, que fueron también arrestados durante el operativo lanzado por el SEBIN tras la huida de López, que desató un registro a fondo del edificio en el que se encuentran la mayor parte de los agentes de Policía de la legación diplomática y de sus viviendas.

El Gobierno de Nicolás Maduro, lejos de rebajar el tono, acusó a España por sus «incesantes acciones injerencistas». «La inédita y continua violación del contrato internacional que rige las relaciones entre los Estados se remonta, al menos, a 2017 y ha sido protagonizada por el embajador español acreditado en Caracas», señaló el Ejecutivo al recordar que Silva ya fue expulsado en enero de 2018 por «intromisiones en los asuntos internos» y readmitido a los dos meses «bajo un compromiso de respeto a las leyes». «Muy por el contrario, se hizo aún más notable al cobijar bajo una figura jurídica inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado», lamentaron.

Las autoridades venezolanas culpan a López de incitar a la violencia en las protestas contra Maduro que se produjeron entre febrero y mayo de 2014, que causaron 43 muertes y 3.000 heridos. Dicha acusación le costó ser condenado a casi 14 años de prisión en 2015.

Sin embargo, dos años después pasó a arresto domiciliario, del que fue liberado por sus guardianes el 30 de abril de 2019 para dirigir un alzamiento militar junto al jefe parlamentario Juan Guaidó. La operación fracasó y fue entonces cuando pidió ser alojado en la Embajada española para evitar ser detenido.