La lucha por el control de la Policía de Washington acaba en los tribunales

Las autoridades de Washington DC mostraron su oposición a la militarización de sus calles ordenada por el líder republicano en cuanto anunció el operativo. No comparten las estadísticas de criminalidad ofrecidas el lunes por Trump que colocan a la capital en un nivel de inseguridad similar al de Bogotá o Ciudad de México, lo que le ha servido para declarar el estado de emergencia en la ciudad. Y tampoco aceptan que efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Guardia Nacional, FBI, DEA...) se encarguen de solucionar el supuesto problema convertidos prácticamente en agentes de barrio. «Al declarar ilegalmente la toma de control de la MPD (el Departamento de Policía Metropolitana, por sus siglas en inglés), la Administración está abusando de su autoridad temporal y limitada conforme a la ley (...) poniendo en riesgo la seguridad de residentes y visitantes», argumentó Schwalb ante la Justicia.

Lo que sucede estos días en diferentes rincones de la capital –donde continúa el despliegue de agentes federales, que en una primera tanda se espera que lleguen a 800– supone una «usurpación descarada de la autoridad del distrito» y «excede con creces» los poderes del inquilino de la Casa Blanca, sostiene la demanda presentada por el fiscal general de Columbia ante un tribunal de Washington. «El poder del Gobierno sobre DC no es absoluto», apostilló Schwalb en un comunicado que recordó a las denuncias realizadas desde California el pasado junio a raíz de que Trump mandara a la Guardia Nacional a Los Ángeles para frenar las protestas contra las redadas de migrantes. La Justicia avaló entonces la iniciativa.

La intervención de las ciudades santuario –con políticas que protegen a los indocumentados de posibles deportaciones– es una de las obsesiones del líder republicano, que ha amenazado con replicar su modelo de control en Chicago o Nueva York. Sus esfuerzos, por ahora, se centran en Washington DC, donde las fuerzas de seguridad federales no han sido bienvenidas por una parte de los residentes. Trump aseguró el viernes que el Partido Demócrata, que ocupa la Alcaldía, está «pagando» a quienes participan en las protestas organizadas «contra mi ataque contra la criminalidad» que, insiste, sufre la capital estadounidense, con sus calles plagadas de «maleantes, drogadictos, psicópatas y vagabundos». Unas manifestaciones donde se califica a los agentes de «fascistas» y abundan las pancartas con el lema #TimeToResist (tiempo de resistir).

La indignación por la orden para poner la ciudad bajo control de la Casa Blanca no deja de aumentar con el paso de los días. La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, designada por el líder republicano, alimentó el jueves el malestar al nombrar al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como nuevo comisionado de la Policía de Washington DC, lo que le da «todos los poderes» sobre este cuerpo mientras dure el estado de emergencia decretado por Trump en la capital. Schwalb no se anduvo con rodeos: la medida es «ilegal».

Cole, que seguirá al frente de la DEA, suma dos décadas de experiencia en la agencia antidroga y en su currículum aparecen misiones en Colombia o Afganistán. La actual jefa de los policías municipales, Pamela Smith, no podrá tomar decisión alguna sin su visto bueno, algo que también criticó el fiscal general de Columbia, quien recordó que los agentes de Washington no deben seguir las directrices «de ningún funcionario no designado por la acaldesa».