Javier Suárez salió a repartir pan y lleva tres semanas detenido

Nancy Martínez muestra la fotografía de su cuñado Javier en el móvil./Fotos: Jon G. Aramburu
Nancy Martínez muestra la fotografía de su cuñado Javier en el móvil. / Fotos: Jon G. Aramburu

911 presos políticos, doce de ellos adolescentes, languidecen en las cárceles de Maduro, mientras los arrestos se disparan

JON G. ARAMBURUCaracas

Según datos del Foro Penal, una asociación de abogados que defiende los derechos de los presos políticos, en Venezuela hay a fecha de hoy 911 personas que encajan en esta denominación, de los que 12 son adolescentes y 58, militares. Gente privada de libertad a la espera de juicio o de fiador. A 31 de enero, la cifra de arrestos ascendía a 13.936, de los que 816 eran civiles conducidos ante tribunales militares, y 7.713 detenidos a los que se impuso medidas cautelares.

Javier Suárez, 21 años, es uno de esos detenidos. Pero no se imaginen a un joven con la cara embozada lanzando proyectiles, como salido de un grafiti de Banksy. Javier es panadero y tuvo la mala fortuna de que ese mismo 23 de marzo, mientras Nick Samuel marchaba con decenas de miles de personas, tuviera que llevar un pedido de bollos a unos clientes de Sabana Grande. La estación de metro estaba cerrada, así que tuvo que seguir hasta la siguiente, hasta Chacaíto. Arriba, en la superficie, se había desatado el infierno. «Salió justo cuando la Guardia Nacional trataba de disolver a la multitud con gases lacrimógenos», relata Nancy Martínez, su cuñada. Cuando escapaba a la carrera, «recibió un golpe en la espalda y cayó al suelo».

A Javier, «sin filiación política y que ni siquiera vota, porque no tiene cédula», le subieron a una furgoneta de patrulla y se lo llevaron al parque automovilístico de la Policía Nacional Bolivariana, donde desapareció del radar de su familia durante cinco angustiosos días. «Lo buscamos por todas las comisarías, hospitales... hasta a la morgue fuimos para descartar lo peor». Finalmente, averiguaron que estaba en la comandancia de Boleita-Zona 7, «retenido con otros 25 guarimberos (presos políticos)». La familia sintió alivio de saberle vivo, hasta que Javier les contó en su primera visita que le habían golpeado en busca de información. «Es tan ingenuo que pidió un defensor de oficio, de los que pone el Estado, que es el que le está hundiendo», afirma.

Le acusan de tres cargos: resistencia a la autoridad, incendio y destrucción de la propiedad, «los mismos que sus compañeros de reclusión». La familia ya ha puesto su caso en manos del Foro Penal y abonado 40 dólares para que le cambien de celda, «una extorsión en toda regla», clama Nancy. Además tienen que pagar cada vez que van a visitarlo, 350 bolívares si es una mujer y 1.600 si es un hombre, por no hablar de que «no le dan de comer ni de beber y le tenemos que llevar alimentos y agua, porque ni para bañarse tiene». Han pasado tres semanas y la situación es crítica. «Nos exigen dinero en efectivo que no tenemos, así que sólo podemos verle una vez a la semana».

Rabia. Impotencia. «Es terrible que te priven de un ser querido sin ningún pretexto. En un país libre tienes derecho a protestar, pero Javier ni siquiera tenía que ver con esa vaina y hoy es el día que no sabemos cuándo le vamos a volver a abrazar».

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