El refuerzo de Mataix en Indra da alas a su papel en la operación de compra de ITP

El consejo de administración de la compañía, en la que el Gobierno tiene una participación del 18% de la mano de la Sepi, se revolvió ayer contra lo que todo el mundo ha interpretado como un intervencionismo excesivo en la vida de una empresa que tiene otro 82% del capital en poder de inversores diversos. El consejo decidió que los poderes ejecutivos permanezcan en manos de dos consejeros delegados que tienen muy definido su campo de juego: Cristina Ruiz, responsable del área informática, e Ignacio Mataix, en Defensa y Transporte. La decisión, apuntan fuentes conocedoras de la situación, no es provisional sino que la compañía puede permanecer con esta estructura durante un largo periodo de tiempo.

La descarada injerencia del Gobierno en la cúpula de la compañía, por razones que no están centradas en la buena gestión de su cuenta de resultados sino más bien en su utilización para otros objetivos -políticos o las denominadas 'razones de Estado'-, provocó una debacle bursátil. Las acciones de Indra perdieron algo más del 13% de su valor desde el momento en que se conoció que el Gabinete forzaba la salida de Abril-Martorell. El empate técnico que supone la decisión del consejo celebrado ayer ha devuelto, aunque de forma tímida, la confianza a los inversores. Las acciones de Indra se revalorizaron el 1,49% al cierre de la sesión de ayer en la Bolsa.

Pese al revés sufrido por el Gobierno en el nombramiento del presidente, todo apunta a que puede fructificar uno de sus objetivos en la operación: liderar la compra de la compañía vasca ITP Aero, propiedad de Rolls Royce y que está en venta. El papel de Ignacio Mataix se intuye clave en esa operación y el Gobierno puede encontrar ahora otra vía para llevar hasta el final su propósito.

Indra fichó a Ignacio Mataix a finales de 2017, que abandonó entonces el puesto de director general y primer ejecutivo de ITP. Durante su etapa al frente de la empresa vasca, la firma había vivido un periodo de crecimiento y también de diversificación, para reforzar su independencia de Rolls Royce, con la entrada en programas de otros fabricantes de motores. Una estrategia que a Rolls nunca le resultó del todo satisfactoria, pero que ha contribuido a diluir los riesgos y con ello a reforzar la salud financiera de la compañía vasca.

Una de las claves para ese fichaje fue la estrecha relación personal que une a Mataix con Abril-Martorell, pero no la única. La principal era que Indra quería reforzar su área de Defensa, con la vista puesta en proyectos de futuro, algunos de los cuales ya se han materializado. Entre ellos el hecho de que Indra fuese -se ha confirmado- el líder español en el futuro avión de combate europeo, el programa FCAS, que se desarrolla junto a Francia y Alemania. Mataix, debido a su experiencia en ITP, donde se ha desarrollado parte del motor del actual avión de combate -el Eurofigther- y se fabrican algunas piezas, es un conocedor privilegiado de los entresijos de ese tipo de negocio.

Indra estuvo a un paso de comprar ITP o al menos de tomar el control, a mediados de 2019. Pero todo se rompió en el último momento cuando Rolls, según algunas fuentes, exigió un precio superior al que al parecer se había pactado.

El Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial el Ministerio de Industria, están obsesionados con la idea de que el futuro dueño de ITP sea español. Una empresa o un grupo de firmas nacionales. El Ejecutivo tiene en su mano la autorización final en esa venta, debido a los lazos de ITP con la industria militar. ¿El problema? Que aparentemente hay fondos de inversión dispuestos a pagar bastante -Rolls aspira a obtener una cifra cercana a 1.500 millones de euros-; que el Gobierno español no quiere especuladores al frente de esta empresa y que Indra no quiere pagar mucho. Al menos parece que el cesado Abril-Martorell se negaba a hacerlo.