El Parlamento vasco aprueba con diez años de retraso la nueva Ley de Aportaciones
El texto permite pacificar las rencillas que existían entre las diputaciones por el reparto de los impuestos que pagan los ciudadanos
El Parlamento vasco aprobó ayer -con el respaldo de la mayoría de los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE, y la radical oposición del ... resto de las formaciones- la nueva Ley de Aportaciones, la que regulará el flujo de dinero entre las diferentes instituciones vascas -diputaciones, Gobierno vasco y ayuntamientos- para atender a sus presupuestos durante los próximos cinco años. Ha costado diez años elaborar una nueva ley -la anterior ha permanecido sometida a prórrogas sucesivas- que tiene un claro tinte de continuidad con el esquema anterior, al que se le han introducido pequeños retoques y ajustes pero que en síntesis no modifica el esquema de financiación de los poderes públicos en Euskadi. El texto, sin embargo, tiene una virtud y es la de haber puesto punto final al enfrentamiento entre las diputaciones por el reparto de la recaudación de impuestos. «Esta ley no satisface a todas las instituciones -aseguró el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu- pero es la mejor que podemos tener», sentenció.
En el País Vasco, la práctica totalidad de los impuestos -salvo algunas excepciones de tributos que ingresan directamente los ayuntamientos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de Actividades Económicas- son recaudados por las diputaciones. La ley determina, precisamente, el esquema para hacer el reparto de esa recaudación entre los diferentes niveles institucionales. Así, se establece que el Gobierno vasco tendrá derecho a recibir 70,81 euros de cada 100 que abonen los ciudadanos con sus impuestos. La nueva ley ha elevado ligeramente ese porcentaje -0,77 puntos porcentuales-, tras justificar el Ejecutivo de Vitoria que necesita una mayor parte de la tarta de recursos para financiar las transferencias recibidas en la última década.
Una década de negociaciones
Que haya costado diez años elaborar el texto no es una anécdota. Da idea de las dificultades que han existido para alcanzar un pacto entre PNV y PSE pero, sobre todo, entre las tres diputaciones y el Gobierno. La razón de ese conflicto arrastrado durante tanto tiempo está en la respuesta a la pregunta siguiente: ¿Qué esfuerzo debe hacer cada territorio para sostener ese 70,81% de los recursos del Gobierno? Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han peleado durante años en este apartado. Todos querían aportar menos. La resultante marca también una clara continuidad. Cada territorio aportará según el peso relativo de su economía -de su capacidad para generar riqueza-, con mecanismos de corrección en función de la presión fiscal relativa. El porcentaje sufre ligeras variaciones cada año, pero la referencia es que Bizkaia aporte 50,94 euros de cada 100 que recibe el Gobierno vasco; Álava, 16 y Gipuzkoa, 33,06.
La magia que ha permitido el acuerdo ha sido reforzar el denominado 'Fondo General de Ajuste', un mecanismo de corrección ideado en su día por Juan José Ibarretxe cuando era vicelehendakari y consejero de Hacienda, para corregir desviaciones entre dos elementos críticos: lo que cada territorio ingresa en impuestos y lo que debería recaudar en relación con su PIB. No siempre encajan esos dos parámetros. Ese fondo, dotado con el 1% de los recursos a distribuir, pasará a tener ahora el 1,45%, esquema que ha contentado a Álava y Gipuzkoa, los dos territorios más beligerantes en este asunto.
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