Demografía política

No es la primera vez que traemos a estas páginas la evidencia de que España es uno de los países más envejecidos del mundo, no solo por la creciente longevidad de sus moradores lo que ensancha la pirámide poblacional por arriba sino porque, de forma simultánea, es uno de los países que en los últimos quince años ha registrado menos nacimientos por mujer, lo que ha estilizado la base de la pirámide referida.

Este factor estadístico o demográfico tiene una consecuencia política que produce efectos muy negativos sobre los jóvenes de este país: el hecho de que sean los mayores, debido a su peso electoral, quienes determinen el destino predominante del gasto público. Los partidos políticos responden a la lógica de las urnas.

La prueba de lo dicho está en las cifras relativas de asignación del gasto público nacional, que supera en la actualidad el medio billón de euros. Agregando las partidas de pensiones, sanidad, dependencia, desempleo, paro de larga duración y otros, un 49% por ciento del gasto tiene como destino el segmento de las personas mayores de 60 años y el 20% se dirige a los jóvenes entre 14 y 35 años, la casi totalidad de la generación Z y una gran parte de la de los 'millenials', en conjunto unos 11,6 millones de personas. Lo discrepante no es solo la diferencia de porcentajes sino su evolución, ya que desde 2009 la proporción de gasto destinado a los mayores ha pasado del 40 al 49%. A diferencia de otros países donde el porcentaje de jóvenes es mayor, en España solo representa el 24% del total de la población y, como solo una parte de ellos tiene derecho al voto, y estadísticamente su nivel de abstención es el doble que en el resto de la población, son invisibles a efectos electorales.

La educación es la inversión por excelencia, palanca de la productividad nacional, y plataforma de progreso para los jóvenes. Pero los políticos no parecen entenderlo así. El principal concepto atribuido a los jóvenes sería una mejor educación, pero mientras la protección social ha crecido 3,6 puntos de PIB desde 2009, la educación ha caído un 0,22%.

En 2023 la subida de las pensiones del 8%, réplica de igual aumento del IPC, se ha financiado con subidas de cotizaciones y con deuda pública. No solo se gasta menos en los jóvenes, sino que se gasta, en ambos casos, a costa de los jóvenes. El atraco es perfecto: por un lado, la mayor parte del incremento del gasto público va destinado a los mayores y por otro, para financiarlo, además de aumentar los ingresos vía cotizaciones sociales (en el caso de las pensiones), se emite deuda pública. Ambas medidas penalizan a los jóvenes. En los presupuestos de 2023 el gasto social ha aumentado en 26.000 millones de los cuales más de 20.000 constituyen un incremento de la partida de las pensiones. No llega a mil millones la suma del aumento en educación, fomento de la vivienda y fomento del empleo.

En cuanto al déficit público estructural - en torno a cuatro puntos de PIB- se lo estamos trasladando a los jóvenes. Cuatro puntos de PIB son unos 50.000 millones de euros que repartimos entre los mayores, pero que los pagarán las futuras generaciones, nuestros actuales jóvenes.

Hace unas semanas la OCDE dedicaba un capítulo de su informe sobre España a denunciar la precariedad de los jóvenes, alertando de que no es solo que sus salarios sean peores, sino que las administraciones públicas no invierten lo suficiente en educación y formación de los mismos. Tampoco lo hacen en I+D, o acceso a la vivienda, aspectos ambos que lastran el crecimiento y la competitividad del país.

Resumiendo: estamos, como ha notado el Profesor Maldonado, «ante un episodio de superación del Estado por la política» constitutivo de una clara injusticia intergeneracional. No se trata de atacar a los mayores sino de concienciar a los poderes públicos de que urge concluir con la política interesada del avestruz.