El Gobierno vasco no se opone a la «contención salarial» de los funcionarios

Fuentes de Hacienda del nuevo Ejecutivo vasco dijeron ayer a EL CORREO que se oponen frontalmente a cualquier rebaja salarial para los trabajadores públicos: consideran que lejos de ayudar, ese tipo de recortes agravan la crisis económica. Sin embargo, se mostraron mucho menos beligerantes, incluso comprensivos, con un planteamiento de «contención salarial».

Ya el pasado mes de mayo, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, en una entrevista con este periódico, evidenció que ante las graves consecuencias que estaba teniendo la crisis en el empleo, hay otra serie de trabajadores que cuentan con «una estabilidad laboral, con una garantía de su puesto de trabajo y la seguridad de un sueldo que van a recibir». Por lo que no albergaba «ninguna duda de que la función pública hará esta consideración».

Hasta el momento la crisis económica se ha llevado por delante en Euskadi más de 34.500 cotizantes a la Seguridad Social y elevado el número de personas inscritas en las oficinas de empleo hasta las 146.450.

En esta misma línea, el anterior viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, que dejó el cargo en julio por jubilación, enfatizó la recuperación del poder adquisitivo experimentado por los salarios de los funcionarios en 2018 y 2019, por lo que ahora sí «cabe apelar a la solidaridad y a un reparto equitativo» de los sacrificios. En el sector público, resumió, se «impone una contención salarial, pero en ningún caso una rebaja salarial».

El debate público sobre la posible congelación salarial de los funcionarios comenzó a raíz de una información publicada por 'El País', que después se vio reforzada por unas declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien recordó cómo en los últimos ejercicios los trabajadores públicos han recuperado el poder adquisitivo perdido en la anterior crisis. Además, apuntó que en un escenario de baja inflación -hasta julio presenta un descenso del 0,5% y la previsión para el conjunto del año induce a pensar que quedará cercana a cero-, «todo esto tendremos que tenerlo en cuenta».

Sin embargo, el mensaje del Gobierno no es unívoco, ya que poco después la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dijo que tal congelación «no está encima de la mesa»; mientras que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, abogó por «explorar todos los escenarios».

Donde sí hay unanimidad es en el rechazo de los sindicatos a cualquier congelación o reducción salarial, máxime cuando aseguran que aún padecen la pérdida de poder adquisitivo.

En Euskadi, la central mayoritaria en la función pública, ELA, denuncia que los trabajadores públicos arrastran aún una perdida del 13%. Se opone a nuevos recortes, acusa al Gobierno del Estado de injerencia sobre las condiciones de los trabajadores vascos e imputa al Gobierno vasco complicidad en esos recortes.