El gasto de Euskadi en RGI e Ingreso Mínimo Vital es el 25% del total de España

El informe, expuesto por la presidenta del CES vasco, Emilia Málaga, y su responsable, Jon Barrutia, es una radiografía muy amplia de los datos económicos y sociales del País Vasco que abarca demografía, empleo, desigualdad, sistema sanitario, condiciones de vida... Los aspectos que aborda son, por tanto, muy variados y las conclusiones que arroja no son fáciles de resumir.

Por empezar por lo positivo, los responsables del organismo han resaltado esa mayor protección social que ofrece el País Vasco, pese a que en 2022 hubo una reducción de las personas que reciben la RGI y el IMV al mejorar el mercado laboral. «El perfil medio del perceptor es una mujer de 40 años y baja cualificación», ha apuntado Barrutia, que ha recordado que poco más del 30% de los beneficiarios es inmigrante.

Además de esa mayor protección social, han destacado, por el lado positivo, la resistencia de la economía pese a la inflación, con un aumento del PIB del 4,4%; la mejora en las finanzas públicas; un gasto sanitario líder en España; la alta cualificación de los jóvenes y el elevado índice de innovación en la producción.

Por el lado negativo uno de los aspectos que consideran preocupante es la pérdida de empleo en la industria. «Es una tendencia que se agravó en 2022 y que se mantiene a lo largo de este ejercicio», ha advertido Málaga, quien también ha señalado la paradoja de que la destrucción de puestos de trabajo en este ámbito está afectando especialmente a las mujeres, pese a que son clara minoría.

Dentro del mercado laboral también les inquieta la baja tasa de actividad, que en Euskadi es solo del 56% frente al 73% de media europea. En el caso de las mujeres solo es del 52% y en los hombres alcanza el 61%. Todo ello en plena crisis demográfica, «cuando ni siquiera el saldo migratorio ha compensado la caída en la población autóctona».

Otro foco de preocupación lo ponen en el aumento de la desigualdad que ha dejado la crisis, además de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. «El índice de pobreza AROPE ha subido del 13,9% al 16%, un aumento importante pese a que la tasa está muy por debajo del 28% de España y el 21,7% de media de la UE», ha dicho Barrutia. «Hay una clara tendencia a la polarización social, con peligro de que unos colectivos se queden atrás, con serias dificultades para avanzar», ha dicho.