El PSE exige al PNV mantener en 2024 la ayuda de 200 euros en el IRPF junto a la deflactación

Según han confirmado fuentes del PSE a EL CORREO, la formación dirigida por Eneko Andueza había informado ya al PNV en el seno de los respectivos gobiernos forales de coalición que es necesario mantener la filosofía del acuerdo que unía ambas medidas. Es decir, que cualquier ajuste con carácter universal sobre los tramos de renta para aliviar en el IRPF el impacto de los precios debía ir unido a mantener este bono de 200 euros. Una ayuda extra para las rentas por debajo de 30.000 euros y que va descendiendo progresivamente hasta los 35.000.

En cambio, el pasado miércoles, cuando se acordó el ajuste en las tablas del IRPF, la ayuda se quedó en el aire y según explicó el diputado general de Álava, Ramiro González, la posible activación se abordará en su caso a lo largo del año que viene.

Hasta ahora, como recordaron fuentes de las haciendas forales a este periódico, la deflactación se ha aplicado con normalidad en las diputaciones para amortiguar el efecto de los precios. Una práctica habitual «que no debería presentar problemas», ya que aplica el principio de que si con el mismo dinero la capacidad de compra disminuye, no parece justo tratarlo fiscalmente como si no hubiera habido un aumento del coste de la vida. Es más, muchos analistas consideran que no igualar esta deflactación al IPC supone una subida de impuestos encubierta.

El año pasado, cuando los precios escalaron de un modo récord empujados por el coste de la energía y la guerra en Ucrania, este problema se hizo aún más grave. Mientras la recaudación se incrementaba más de un 10% y los precios elevaban la cantidad cobrada por el IVA hasta un 20%, muchos gobiernos de autonomías dirigidas por el PP comenzaron a aplicar la deflactación en los tramos autonómicos del IRPF. La medida fue reivindicada como una bandera política frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no la aplicó en los tramos generales.

La posición de los socialistas fue considerar este movimiento como una actuación «injusta socialmente» porque beneficiaba a todos y no solo a los contribuyentes con rentas más bajas. Por eso el PSE, cuando el lehendakari anunció un ajuste total del 5,5% en el verano de 2022, exigió la ayuda de 200 euros como contrapartida. Una línea que se ha mantenido también en este 2023, cuando la deflactación ha sido del 2%. En plena crisis de precios, el propio Iñigo Urkullu defendió en el Parlamento vasco que Euskadi era la comunidad que ofrecía «el mayor alivio fiscal» del conjunto de España frente al IPC.

La tramitación del ajuste requiere de un proyecto de norma foral impulsado en los consejos de gobierno que comparten PNV y PSE en las diputaciones. Una cuestión que obligará a negociar a los nacionalistas antes de llegar a las cámaras provinciales. Y es que, aunque podría sacarlo adelante con mayoría en el arranque de la tramitación, la relación de fuerzas en las Juntas Generales así lo exige, especialmente en Gipuzkoa y Álava. En estos parlamentos ni siquiera PNV y PSE sumando sus votos alcanzan la mayoría y requieren el apoyo de alguna de las formaciones de la oposición: Bildu, PP o Podemos.

En Gipuzkoa, según explicó la diputada general, Eider Mendoza, la intención es tramitar la deflactación en el proyecto de presupuestos, mientras que en las otras dos diputaciones se inclinan por afrontarlo a través de la normativa fiscal.