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El Gobierno vasco confía en que la próxima semana pueda celebrarse una reunión de la Comisión Mixta del Concierto con un doble objetivo: pactar qué ... parte llegará a las arcas vascas de la recaudación de los gravámenes a empresas energéticas y banca y, no menos trascendental, concertar el Impuesto a las Grandes Fortunas. Esto es, admitir que serán las diputaciones forales quienes elaborarán su propia normativa -así sucede con el resto de impuestos directos como el IRPF, Sociedades o Sucesiones, entre otros- y que, en su caso, serán las haciendas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa quienes se beneficien de la recaudación. Previsiblemente, estas nuevas figuras impositivas tendrán rango de ley a partir de hoy, cuando finalice su tramitación en el Senado.
En torno al Impuesto de Grandes Fortunas todo son dudas en el País Vasco. Aún en el caso de que se llegue a un acuerdo en ese sentido, la obligada reforma del Concierto Económico para dar cabida al nuevo tributo no estará aprobada en el Parlamento hasta bien entrado 2023. Pero el impuesto, tal y como ha sido diseñado por el Gobierno central se va a aplicar ya en 2022 y el próximo 31 de diciembre será la «fecha de devengo». Esto es, el momento en el que nace la obligación de los contribuyentes a declarar por el valor que tengan sus propiedades ese día. Así las cosas, y a falta de normativa foral este año, ¿estarán obligados los contribuyentes vascos afectados a aplicar la normativa del Estado? ¿Les afecta el impuesto? Fuentes de las diputaciones forales apuntan que no hay respuestas a esas preguntas «hasta que se reúna la Comisión del Concierto».
La batalla jurídica está servida. Hay quien sostiene que en ausencia de normativa foral el Impuesto de Grandes Fortunas no puede aplicarse en el País Vasco; otros expertos opinan lo contrario y el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco telegrafía ya otra opción: que las normas forales se aprueben en 2023 y se apliquen con carácter retroactivo a 2022. Una opción que, en el caso de optar finalmente por exigir el pago a los contribuyentes vascos, abona el terreno para recursos judiciales. El Constitucional ya ha mostrado en algunas ocasiones su rechazo a las legislaciones fiscales con carácter retroactivo. Y es que supone algo así como cambiar las reglas de juego con el partido finalizado -en este caso el ejercicio-, para propiciar una revisión del resultado. Medio millar de contribuyentes vascos, con patrimonios por encima de los 10,5 millones de euros, sería el colectivo afectado.
La otra vertiente del enredo es de carácter político. Los partidos PSE y PNV se inclinaban hace apenas quince días por eximir a las grandes fortunas vascas del pago de este nuevo tributo. El argumento compartido era que «los vacos ya pagan Patrimonio y el nuevo impuesto está dirigido a las comunidades que no lo aplican», en alusión a Madrid y Andalucía. Sin embargo, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, anunció el pasado viernes que el PSE va exigir que se aplique en Euskadi. Un nuevo relato que trata de taponar la vía de agua que se ha abierto en la política nacional, ya que la oposición en Madrid e incluso algunos dirigentes socialistas ya habían mostrado su malestar ante la posibilidad de que este tributo no se aplique en Euskadi.
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