Euskadi es la comunidad autónoma que más capacidad de financiación genera

Esta hoja de ruta ambiciosa avanza, por ahora, con más contención que ejecución. En 2024, el Ejecutivo vasco dejó sin gastar cerca de mil millones de euros, el 6,6% del presupuesto total, en gran parte por la parálisis administrativa asociada a un año electoral. Y en el presente ejercicio, Euskadi se sitúa como la comunidad con mayor superávit acumulado, un dato que subraya la fortaleza de sus cuentas pero también plantea interrogantes sobre el ritmo con el que se están activando los recursos disponibles para responder a los retos estratégicos del país.

La cuestión es que es precisamente este régimen fiscal propio el que ha permitido a Euskadi y Navarra empezar el año con una posición de ventaja respecto al resto de territorios. El catedrático en Hacienda Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri, explica que el País Vasco está alcanzando récords de recaudación, gracias a la incorporación de nuevos tributos estatales -como los los impuestos temporales a la banca, energéticas o grandes fortunas- que las diputaciones están obligadas a aplicar y liquidar. «Mientras los regímenes forales integran directamente esa recaudación en sus ingresos, el resto de comunidades del régimen común ven muy poco de esos nuevos impuestos», resume.

La coyuntura económica también empuja a favor de este aumento de la capacidad de financiación. Con la economía vasca creciendo en torno al 2% -frente a los primeros síntomas de desaceleración que ya se extienden por gran parte de Europa-, las arcas públicas disponen de un colchón prácticamente inédito. Pero ese margen acumulado deberá ahora traducirse en proyectos concretos, como la Alianza Financiera Vasca y el Plan Industrial y su propuesta de inversiones, que se configuran como los proyectos estrella.

Esta evolución favorable de la economía vasca ha permitido reducir la deuda pública del 12,1% al 11,5% del PIB en menos de un año, en contraste con el repunte registrado en la mayoría de comunidades autónomas. Euskadi se mantiene así como la tercera región con menor ratio de deuda sobre PIB, solo por detrás de Canarias y Navarra, ambas con capacidad recaudatoria propia y, por tanto, con el respaldo de un régimen fiscal que les permite endeudarse «más fácilmente y más barato», según explica el catedrático Zubiri. «Para financiar las mismas competencias, disponen de entre un 60% más y el doble de recursos que el resto, lo que se traduce en mejores condiciones», resume.

Sin embargo, el régimen foral y los beneficios que conlleva se han convertido en una excepción cada vez más señalada y objeto de críticas por parte de otras comunidades, que empujan -con distintos matices- a reabrir el debate sobre la financiación autonómica en esta legislatura. La última en sumarse ha sido Cataluña. El Gobierno del socialista Salvador Illa, como condición para su investidura, acordó con ERC impulsar un concierto económico similar al vasco, una promesa que Moncloa ha hecho suya, aunque por ahora no está claro ni el camino legal para ponerla en marcha ni comó pretende recabar los apoyos parlamentarios para ello.

El argumento que esgrime el nacionalismo catalán para justificar esta propuesta es que Cataluña sufre una infrafinanciación crónica. Un diagnóstico que el economista Zubiri pone en duda: «Han recibido recursos en la media histórica. El problema es que tienen una política de gasto muy elevada», señala. Esa gestión explica que su nivel de deuda haya aumentado tras recurrir de forma recurrente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En contraste, Zubiri apunta que las comunidades que sí están claramente infrafinanciadas son la Comunidad Valenciana y Murcia. De ahí su abultada deuda.

Tener superávit en las cuentas no siempre es una buena noticia. Por un lado, refleja una cierta ineficiencia en la ejecución del gasto público, al no haber sido capaz de utilizar recursos disponibles. Por otro, obliga a destinar ese excedente a amortizar deuda, en lugar de invertirlo en políticas que generen retorno económico o social. Un mal negocio en términos de oportunidad.

Sin embargo, tampoco conviene endeudarse sin límite. Mantener unas cuentas públicas saneadas permite preservar la credibilidad financiera, asegurar mejores condiciones de financiación en los mercados y disponer de margen de maniobra en caso de crisis. Es por ello que la Ley de Estabilidad Presupuestaria exige a las comunidades autónomas mantener su deuda por debajo del 13% del PIB, un umbral considerado prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo. Sin embargo, solo cuatro comunidades están por debajo de esta cantidad: Navarra (10,4%), Canarias (11%), Euskadi (11,5%) y Madrid (12,6).