La Inspección de Trabajo impone una nueva multa de 79 millones a Glovo por mantener a falsos autónomos
Obliga, además, a la regularización de 10.600 trabajadores por el incumplimiento de la Ley Rider, aprobada para evitar los abusos laborales contra los repartidores
Glovo parece empeñada en operar al margen de la ley. A pesar de la larga lista de sentencias que condenan las prácticas laborales de la empresa de envío de comida a domicilio, y de que tiene abiertas todavía 172 causas en los tribunales, la Inspección de Trabajo considera que continúa saltándose las normas. Y, por eso, ha decidido imponer a Glovo una multa de casi 79 millones de euros -más del 15% de su facturación en España- y obligar a la regularización de 10.600 trabajadores que desempeñaban su labor contraviniendo la Ley Rider, aprobada el año pasado precisamente para acabar con las prácticas abusivas de estas plataformas. Esta es la primera sanción impuesta bajo la nueva legislación.
Es lo que ha anunciado hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En su opinión, Glovo continúa vulnerando los derechos de sus trabajadores: «Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la inspección», ha advertido la vicepresidenta.
Concretamente, Trabajo ha investigado las operaciones de Glovo en Barcelona y Valencia, donde ha descubierto un fraude laboral que afecta a 8.331 y 2.283 trabajadores respectivamente. Según ha infomado la Cadena SER, el informe de la inspección concluye que «la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio».
Son, por lo tanto, las mismas prácticas ilícitas que impulsaron la promulgación de la Ley Rider, cuyo objetivo era acabar con los falsos autónomos que, en realidad, no tienen capacidad para establecer sus propios precios ni rechazar pedidos, porque acarrean penalizaciones. «En Euskadi no somos una excepción y se producen las mismas prácticas», denuncia José Luis García, de UGT. A falta de estadísticas oficiales, los sindicatos estiman que entre 1.000 y 2.000 vascos trabajan como repartidores y García reconoce que «es muy difícil hacer un seguimiento de las infracciones que cometen las grandes multinacionales que juegan con los derechos laborales de los trabajadores, a menudo procedentes de grupos en riesgo de exclusión social».
Según el sindicalista, el subterfugio más utilizado pasa por utilizar a Empresas de Empleo Temporal (ETT) como intermediarias en el contrato de los 'riders'. «Uno de ellos me contaba que tienen una app en la que reciben el contrato y tienen que firmarlo en el propio móvil sin poder verlo», explica García, que aplaude la sanción a Glovo porque considera que es de un importe disuasorio. «Es muy positiva, pero seguro que la empresa recurrirá hasta donde pueda», apostilla.
Glovo, sin embargo, se defiende. Asegura que la multa no está relacionada con la Ley Rider, ya que el periodo inspeccionado se refiere de 2018 hasta el 11 de agosto de 2021. Además, la compañía señala que el importe notificado incluye no solo las propuestas de cuotas a la Seguridad Social, sino también una propuesta de sanción por cada repartidor, y critica que pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones, así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada. «Se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la Inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la Justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y/o de infracción», ha indicado.
Aunque Glovo acapara la mayoría de los titulares por las sonadas sentencias que ha recibido en contra, incluida la que en mayo del año pasado publicó el Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao dando la razón a los 300 'riders' que la llevaron a juicio, García critica que no es la única. Se trata de la 'uberización' de la economía, en la que también participan otros gigantes como Amazon.
