ELA y LAB presionan al Parlamento vasco para alcanzar un salario mínimo propio en Euskadi

«El establecimiento del salario mínimo tiene una dimensión protectora para la clase trabajadora, ya que el salario se establece en todas aquellas actividades que no tengan garantizada una referencia mínima por negociación colectiva, o donde esa referencia es inferior. El salario mínimo debe garantizar, además, un nivel suficiente en todos los salarios, de manera general», han defendido los sindicatos vascos.

Esta doble vía quiere abordar una petición que no es nueva. El Parlamento vasco ya acordó a comienzos de 2023 una enmienda transaccional que buscaba alcanzar un acuerdo entre la patronal Confebask y los sindicatos para concretar un salario mínimo propio basado en la realidad socioeconómica de la Comunidad Autónoma Vasca. La medida también instaba al Gobierno vasco a impulsar un SMI superior al de toda España, que entonces se fijaba en los 1.400 euros mensuales (320 más que el vigente en ese momento).

Las seis centrales implicadas sostienen que el salario mínimo «tiene también una clara dimensión territorial» y que para fijar un SMI para Euskadi «se pueden utilizar diferentes criterios, pero lo que está claro es que la cantidad fijada en el Estado español queda muy lejos de garantizar unas condiciones de vida dignas a los trabajadores vascos». Sostienen además que esta reivindicación supone un «avance hacia la soberanía y hacia la configuración de un marco vasco de relaciones laborales que mejore las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, a través de un reparto más justo de la riqueza».