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El próximo 6 de febrero es una fecha clave en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco, ya que tanto los sindicatos como Confebask se reunirán en la mesa de diálogo. En una rueda de prensa sindical conjunta, el coordinador de LAB, Igor Arroyo, ... ha pedido a las patronales que se sienten con una «buena fe negociadora», ya que «la pelota está ahora en su tejado» para abordar esa posible subida de la cuantía mínima retribuida a los trabajadores vascos. El SMI es una «herramienta» que sirve, según ha apuntado el secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, «para mejorar la calidad de vida de la gente y lograr una mayor cohesión social».
En este sentido, los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han querido presionar a la patronal mediante la apertura de una vía «complementaria» al acuerdo interprofesional que se pretende alcanzar. Se trata de la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya fue registrada en el Parlamento y que tiene como objetivo «superar el veto patronal» para que de esta forma se lleve a cabo un cambio legislativo que permita modificar la cuantía del SMI comunitario. Según han anunciado, tienen previsto iniciar la recogida de firmas en marzo, de la que esperan una «movilización enorme».
Arroyo ha criticado tanto al Gobierno vasco como al navarro por «plantear una postura equidistante entre patronal y sindicatos», ya que creen que tienen «muchos resortes» para poder presionar a las patronales. Por ello, Lakuntza afirma que «no se trata solo de un tema sindical sino político».
La unión de los sindicatos es un paso importante, aseguran, porque a pesar de las evidentes diferencias que muestran «hemos podido llegar a un acuerdo para trabajar en esta cuestión». Eso sí, ELA y LAB parten desde un punto de partida muy distinto a la hora de fijar la cuantía, y todo parece indicar que queda mucho por negociar en este aspecto. Según han dejado entrever, la horquilla iría desde los 1.600 euros propuestos por LAB hasta los 1.795 planteados por ELA. Sea como sea, afirma Arroyo, las subidas planteadas son de dos dígitos, ya que lo que pretende el Gobierno central, con un aumento de aproximadamente el 4%, seguiría siendo un salario «totalmente insuficiente para hacer frente a todos los costes actuales». La cuestión a dirimir, apuntan las centrales, es preguntar a la patronal si la cantidad actual «es suficiente para vivir dignamente» y empezar a negociar a partir de entonces.
Los sindicatos consideran «inaceptable» que el salario mínimo en Hendaia sea de 1.802 euros y en Irún sea de 1.303, una diferencia de casi 500 euros. De igual modo, creen que la remuneración mínima actual no se corresponde a la realidad socieconómica de Hego Euskal Herria. Así, ponen el ejemplo de países con una «socioestructura parecida» como Alemania, donde el SMI es de 2.054 euros o los 2.070 de Bélgica (calculado en 12 mensualidades).
Las centrales han querido interpelar a tres agentes diferentes. En primer lugar, a los partidos políticos representados en los parlamentos de Vitoria-Gasteiz y Pamplona, para que se manifiesten a favor o en contra de que «se pueda legislar sobre el salario mínimo interprofesional». La segunda demanda va hacia la patronal y la tercera, más allá de los partidos, apunta Lakuntza, va dirigida a los Gobiernos, para que «se conviertan en ejemplo de algo que hoy no son». En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo vasco «no es ejemplo de nada» cuando se habla de salarios, ya que tiene la responsabilidad directa sobre las condiciones de muchos sectores, como «Osakidetza y educación», donde «hay convenios bloqueados desde hace 15 años».
«Estamos ante un ejercicio práctico de soberanía para sacar de la precariedad a miles de trabajadores y trabajadoras y mejorar su calidad de vida», ha declarado Lakuntza. Según Arroyo, si el SMI vasco se materializa, «beneficiaría a los trabajadores con los sueldos más bajos, los sectores más feminizados y donde hay más inmigrantes». Considera también que esto pondría fin a la «loca carrera de las patronales por precarizar las condiciones laborales» y que beneficiaría a «toda la clase trabajadora, impulsando los salarios hacia arriba y logrando un mejor reparto de la riqueza».
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