El consejo del BBVA aprueba hoy el beneficio de 2018 ensombrecido por las sospechas de espionaje

El consejo de administración del BBVA se reunirá hoy en medio de un ambiente enrarecido. De un lado está el motivo fundamental del cónclave, centrado en la aprobación de los resultados económicos de 2018, que se intuyen muy buenos y que serán presentados públicamente mañana por su presidente, Carlos Torres. De otro, tiñiéndolo todo, estarán las sombras generadas por el escándalo suscitado tras conocer que la entidad mantuvo una relación permanente con el excomisario José Manuel Villarejo durante 14 años, con pagos que superaron los seis millones de euros. Una relación que, según algunas filtraciones, estuvo trufada de encargos de investigación que llevaron aparejadas escuchas telefónicas y seguimientos, incluso a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Todos los analistas han anticipado como estimación unos buenos números en la cuenta de resultados del banco en el último ejercicio. La evolución de los tres primeros trimestres de 2018 fue claramente positiva y al cierre de septiembre la entidad financiera había ganado 4.323 millones de euros. Una cifra que suponía un aumento del 25% en los beneficios, si bien buena parte de ese fulgurante ascenso se ha debido a las plusvalías por la venta de BBVA Chile, que ha aportado 633 millones al resultado.

El presidente Carlos Torres tiene previsto comparecer mañana ante los medios de comunicación para explicar con detalle los resultados, pero todo apunta a que el asunto apenas suscitará interés. El centro de atención estará fijado en la reacción del consejo de administración ante el problema de reputación que afecta a la entidad. Desde su renuncia a la presidencia del banco el pasado diciembre -inicialmente había previsto seguir hasta marzo-, Francisco González ostenta las presidencias de honor de la entidad financiera y de la Fundación BBVA.

Hasta última hora de la tarde de ayer, al menos, portavoces oficiales del banco insistían que no está previsto adoptar decisiones en torno al caso de los espionajes financiados supuestamente por el banco. En esa línea indican que antes de valorar cualquier decisión, el consejo quiere tener el resultado de la investigación interna -en realidad un segundo trabajo-, encargado a las firmas Uría y PwC. Medio centenar de consultores de ambas empresas trabajan, teóricamente, en analizar toda la documentación existente en el banco en torno a las relaciones de BBVA con la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo.

Algunas fuentes ya apuntan que Francisco González quiere sustentar su defensa sobre el desconocimiento de los métodos que utilizaba Villarejo y la supuesta ilegalidad de los mismos. Esto es, admitirá que encargó trabajos de «análisis de información» sobre diferentes situaciones -el intento de toma de control del banco por parte de Sacyr en 2004, entre ellos-, pero sin autorizar que se realizasen escuchas o seguimientos. En esa tesis, apuntan las mismas fuentes, la responsabilidad sería desviada hacia la cabeza del exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, que era quien mantenía el contacto directo con Villarejo y quien transmitía la información obtenida al presidente.

Pero al margen de la investigación interna, el consejo de administración está obligado a aclarar con urgencia si alguno de sus miembros conocía la existencia de los supuestos trabajos de espionaje pagados por el banco e incluso también si su comisión de auditoría fue informada de la apertura de la investigación interna, en junio del pasado año.