El Congreso insta al Gobierno a apoyar medidas para ayudar a la industria electrointensiva

Mikel Otero, diputado de EH Bildu, expuso en su intervención que, además, sectores como el siderúrgico se están viendo especialmente afectados por los aranceles impuestos por la administración estadounidense, y que, ante ello, «diversos estados europeos como Francia o Alemania vienen activando diferentes mecanismos de compensación y/o ayuda para mantener en pie sectores estratégicos en sus países». Para ilustrar el problema, Otero puso de ejemplo las dificultades de Alcoa en estos momentos. Según les expuso el comité de la empresa, «el precio de la electricidad es una de las cuestiones que puede terminar por cerrar Alcoa».

Otero señaló que a raíz de la caída del decreto antiapagones, la reducción del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad se quedó sin efecto. Por ello, la PNL presentada por la coalición abertzale pretende recuperar este mecanismo de apoyo, un elemento «de enorme trascendencia para la viabilidad de sectores industriales estratégicos, sectores con un peso muy relevante en tejidos económicos e industriales como el vasco». En concreto, el partido insta al Gobierno a recuperar esta medida antes de acabar el año.

Por su parte, el PNV es otro de los partidos que lleva la voz cantante en este asunto. El miércoles presentaron una PNL basada en seis medidas, de las que salieron adelante cuatro. Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señaló que «en los últimos años se ha intensificado una situación de desventaja estructural respecto a otras economías europeas: el coste eléctrico soportado por la industria en el Estado es significativamente superior al de sus principales competidores, pese a que el precio mayorista de la electricidad en España se sitúa entre los más bajos de Europa gracias al peso creciente de las energías renovables».

En concreto, los cuatro puntos del PNV que salieron adelante fueron los siguientes: garantizar que cada año se destine el 25 % máximo permitido por la normativa Europa de los ingresos de subastas de derechos de emisión para compensar los costes indirectos de dióxido de carbono, la exención de la industria pesada del 80% de los peajes de transporte y distribución, revisar los servicios de ajuste del sistema y por último garantizar estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, evitando cambios normativos recurrentes que dificulten la planificación energética de largo plazo por parte de la industria.