Competencia pide mayor apertura en el negocio de las gasolineras en Euskadi

«Por ello -añade la institución presidida por Alba Urresola- se hace necesario promover una mayor concurrencia en la CAE, de tal manera que se propicie más competencia efectiva, que se concrete en términos de precios, estímulo de la innovación, ganancias en eficiencia y una mayor variedad y calidad de los productos y servicios ofrecidos».

Competencia expone las principales características del negocio de la venta minorista de carburantes que, afirma, es «el prototipo de un oligopolio, en el que pocos operadores compiten entre sí y en mutua interdependencia».

Por eso, insiste, «la entrada de operadores independientes con políticas de precios agresivas contribuye a aumentar la competencia, con su repercusión en precios y en el bienestar social».

Esa arquitectura del negocio de la gasolina y gasóleo, que convive además con una demanda muy rígida, asegura Competencia, es mucho más acusada en el País Vasco que en el resto de España. Es más, apunta el organismo que «la concentración en la CAE adquiere una mayor importancia si se tiene en cuenta que las cuatro primeras operadoras (Repsol-Petronor, Avia, Cepsa y Galp) han optado por una estrategia de diferenciación vertical asociada al nombre de su marca, lo que, según distintos estudios, se correlaciona con precios finales más elevados».

Al bajar al detalle, Competencia desvela -con datos de 2017- que el gasto de los hogares vascos en carburantes y lubricantes para vehículos particulares ascendió a 867 millones de euros, un 2,85% del total del realizado por las familias, con un desembolso medio de 961 euros, un 6,5% más que un año antes.

El documento revela que el 90% del consumo anual en Euskadi corresponde al gasóleo, mientras que la gasolina de 95 octanos se lleva el 10% restante. Usan gasoil el 100% de los autobuses y camiones, el 83% de las furgonetas y el 59% de los turismos (este último porcentaje se está reduciendo a velocidad de vértigo a raíz de los mensajes del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta tecnología).

Un Ejecutivo, por cierto, que acaba de asumir en el tramo estatal el que hasta diciembre correspondía al Gobierno vasco (y que no aplicaba) en el Impuesto sobre Hidrocarburos, lo que ha supuesto un alza del precio de 4,8 céntimos por litro para todos los carburantes.

Es el primer susto, pues la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha conjurado para elevar los tributos al diésel hasta igualarlos con la gasolina, lo que sumará otros ocho céntimos por litro a la factura en las gasolineras.

En este apartado, fuentes del sector de los carburantes recuerdan que «más de la mitad de lo que paga el consumidor son impuestos», y que «el margen bruto de este producto es de 19 céntimos por litro, que se queda en dos céntimos netos».

Las mismas fuentes demuestran su «total sorpresa» al exponerles el informe de la AVC, y aseguran que «existe una competencia feroz en el negocio, también en Euskadi». «Es la ley de la oferta y la demanda, que en el País Vasco es mucha también por su situación fronteriza», añaden desde el negocio de las gasolineras.

El trabajo de la AVC señala que Repsol (grupo del que Petronor es filial) es el operador principal en Euskadi, con 117 estaciones fuera de las autopistas, lo que supone un 41% del total. Por detrás se sitúan Avia, Cepsa, Galp, Shell, otros operadores petrolíferos, agentes independientes y centros comerciales que también venden gasolinas.

En la comunidad autónoma, un 79% de las estaciones de servicio están integradas en petroleras. Y añade: «El 73% de las gasolineras se concentra bajo los rótulos o banderas de cuatro operadoras, mientras a nivel estatal las cuatro primeras suman el 59%». «Si se recurre a datos de otros países -destaca el análisis- solo Dinamarca (78,5%) supera el grado de concentración vasco, mientras que Italia alcanza el 73,4%; Francia, el 63,7% y Austria, el 56%, por citar las ratios más elevadas».

Al repasar el coste en el surtidor, la AVC subraya que en el periodo 2011-2017, el diferencial de los precios antes de impuestos promedios vascos respecto a los del resto de las comunidades autónomas «se ha incrementado progresivamente, lo que señala una pérdida sostenida de la competitividad en la CAE», dice el informe. Para que aumente la competencia su propuesta pasa por impulsar el establecimiento de gasolineras 'low cost'.

La Autoridad Vasca de la Competencia da una de cal y otra de arena al Gobierno vasco en su informe -no vinculante- sobre el Decreto de requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para el suministro a vehículos en Euskadi, las denominadas por la propia AVC gasolineras 'low cost'. En términos generales, el dictamen sobre la pretendida normativa es favorable, pero afea al Ejecutivo que imponga exigencias más allá de la lógica o de la equidad en algunos casos y, sin embargo, en otros sea mucho más laxo, como por ejemplo en los requerimientos que pretende imponer cuando la estación de servicio desatendida sea propiedad de una cooperativa.

El dictamen explica que las estaciones desatendidas «se caracterizan por competir de forma más intensa, con efectos muy positivos en términos de precio, calidad, variedad e innovación, por lo que pueden jugar un papel disruptivo en el mercado».

De hecho, recuerda el organismo, presentan «una estructura de costes inferior al modelo tradicional» (lógico, pues apenas crean empleo), lo que les permite unos precios «más agresivos» con una menor inversión. ¿Y cuántas de estas hay en Euskadi? Competencia habla de diez no ubicadas en centros comerciales, además de las cuales encontramos «estaciones con algunos surtidores en régimen desatendido o desatendidas en determinados horarios».

Tras recordar que la legislación estatal permite a las comunidades autónomas «introducir requisitos adicionales» a las estaciones desatendidas, la AVC afina el lápiz y dice que las exigencias del proyecto vasco «no en todos los casos satisfacen adecuadamente los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación».

Así, asegura que «la seguridad no puede constituirse artificiosamente en barrera de acceso al mercado mediante el establecimiento de parámetros excesivos».

En este punto, afirma que no están justificados, por ejemplo, «la exención de las sociedades cooperativas de los requisitos ligados a la seguridad, la limitación de dispensación para vehículos de masa máxima autorizada superior a los 3.500 kilos, los límites de viento establecidos que obligan al cierre o a la actuación en régimen atendido o la exigencia de asistencia de personal de la instalación en la operación de descarga del camión cisterna».