Cataluña eleva la presión al Gobierno para que frene la opa de BBVA sobre el Sabadell

Es el turno de la política y eso no ha tardado ni 24 horas en notarse en las presiones desde Cataluña. Allí, la posición contraria a facilitar la absorción bancaria es casi unánime y compartida por partidos, instituciones, empresas y sindicatos. Una situación que provocó ayer una cascada de reacciones que combinaban la exigencia al Gobierno de Pedro de Sánchez de un endurecimiento de las condiciones pactadas entre BBVA y el supervisor, cuando no el freno a la operación.

La primera reacción institucional fue la de Salvador Illa, el president de la Generalitat. Pocos minutos después del visto bueno de Competencia, al filo de la media noche del miércoles, anunció que defenderá «por encima de todo los intereses de Cataluña» e insistió en que «hay un modelo bancario arraigado al país, a su tejido empresarial».

Pocas horas después, a media mañana de ayer, Oriol Junqueras, el líder de ERC, partido que apoya al PSC en el Gobierno de Cataluña, planteó la cuestión en términos de lucha. Hay que «batallar para que no se pierdan puestos de trabajo, oficinas y acceso al crédito», dijo tras recordar que su formación «está en contra de procesos de concentración bancaria».

El presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Roger Loppacher, cuestionó los compromisos que la CNMC pactó con BBVA para autorizar la operación porque «son insuficientes y mantienen los riesgos sobre la libre competencia en Cataluña». El organismo reclamó también medidas estructurales -las que, en caso de fusión, obligarían a BBVA a vender a un tercero parte del negocio-, que es una de las reivindicaciones que ha planteado el Sabadell en sus alegaciones.

Uno de los mayores focos de críticas con el proceso ha sido el de la clase empresarial catalana. Sus diferentes organizaciones han mantenido un tono especialmente combativo desde que se filtraron las intenciones del banco vasco. Han intentado personarse en las dos fases de análisis de la CNMV y, en el caso de la principal patronal, Foment del Treball, impugnó el procedimiento en la Audiencia Nacional.

En la noche de ayer, la asociación de pequeñas y medianas compañías, Pimec, fue la primera en abrir fuego con un comunicado pidiendo al Ministerio de Economía que evite los riesgos para el crédito y refuerce las «absolutamente insuficientes» medidas adoptadas por la CNMC.

Los sindicatos, que celebraban ayer el Primero de Mayo, recogieron también en sus mensajes una crítica al avance de la opa por temor a los despidos que se puedan generar en la integración de las dos entidades. El máximo responsable de CC OO, Unai Sordo, alertó de que «la experiencia nos dice que este tipo de operaciones acaba con reducciones de plantillas». Por su parte, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, que también recurrió en los tribunales el proceso de la CNMC, señaló que el visto bueno de Competencia «es una malísima noticia para las pymes, los autónomos y, por tanto, para la competencia financiera de nuestro país».

Pero la reacción de ayer presentó, sin embargo, grandes diferencias con las respuestas del 9 de mayo del año pasado. Aquel día BBVA acaba de registrar su opa y el expresident huido Carles Puigdemont lanzó desde Waterloo un mensaje mucho más contundente. Entonces reclamó «contestar con toda la fuerza, todo el derecho y toda la razón» a una operación que suponía un «menosprecio a las empresas catalanas». Pero aquellas combativas palabras del líder de Junts fueron sustituidas ayer por el silencio del dirigente catalán, que dejo pasar la jornada sin enviar ningún mensaje.

Una situación que coincidió, curiosamente, con la unanimidad de la sala de Competencia de la CNMC para aprobar la opa el miércoles. Y es que ninguno de los cinco vocales que la componen emitió tampoco voto particular. Y eso que uno de ellos es Pere Soler, un abogado vinculado siempre a la antigua CiU, concejal, y que fue director de los Mossos cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Por ello tuvo que declarar ante la Justicia quedando finalmente absuelto.

El propio Illa empleó en su declaración un concepto, «rigor», que fue un mantra en todas las valoraciones de representantes del Partido Socialista, en Cataluña y el resto de España. Un término que se asoció a «estudio» y «análisis» en referencia al proceso que ahora afronta el Ejecutivo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más propensa a declaraciones altisonantes, fue ayer extremadamente cauta. Por eso se empeñó en trasladar que «todavía es prematuro» avanzar la posición del Gobierno al que ayer se dirigían todas las presiones. Montero no fue más allá de asegurar que «en la medida en que ya tengamos analizado, y con rigor, ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del Gobierno».

El tono de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue mucho más beligerante, ya que consideró que el visto bueno a la opa es «muy mala noticia» y dijo que «pierde la democracia con esta operación». Por eso defendió la necesidad de frenarla desde el Ejecutivo.

Una posición que anticipa un posible nuevo choque entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, que es muy consciente del resbaladizo terreno que pisa. La oferta de BBVA por el Sabadell es una operación que, en cuanto a la solvencia, ha sido aprobada por el Banco Central Europeo y su vicepresidente, Luis de Guindos, ya señaló en marzo que esperaba que la cuestión de competencia se resolviera «con profesionalidad».