Avalancha de consultas para prejubilarse ante el endurecimiento que propone el Gobierno

Todo se desató el 8 de septiembre cuando el titular de Seguridad Social dijo que el Gobierno iba a actuar para que prejubilarse suponga un recorte de la pensión del 8% anual. Lo hizo, además, en un momento en el que las fusiones bancarias que han reinaugurado CaixaBank y Bankia auguran una avalancha de prejubilaciones, principalmente de rentas altas, en la actualidad las menos penalizadas.

La edad real de jubilación aún está más de un año lejos de la edad legal -que alcanzará los 67 en 2027- y es preciso garantizar la sostenibilidad de un sistema que busca reinventarse porque cada año que se aumente la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorrar hasta 1,2 puntos de PIB. Aunque otra ministra, la de Trabajo -Yolanda Díaz, de Unidas Podemos-, se apresuró a mostrar una postura contraria a prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, la caja de los truenos ya estaba abierta: en resumen, se creyó mucho más a Escrivá que a Díaz.

Las prejubilaciones no son algo nuevo. Ya hubo una avalancha cuando se produjo la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012 que ahora el Ejecutivo de Sánchez quiere atenuar. Y los datos así lo demuestran. El 41% de las jubilaciones de la última década han sido antes de los 65 años. Es decir, serían anticipadas, tanto voluntarias (una de cada seis) como involuntarias. En total, 1,5 millones de personas. Y el grueso estaban en torno a los 61 años. En Euskadi han salido del mercado laboral desde 2010 algo más de 200.000 personas, 80.000 antes de tiempo.

El esquema que maneja el Gobierno para corregir algunos «elementos distorsionantes» en las regulación de las prejubilaciones, pone el foco en los salarios más altos. Aunque la penalización legal es de entre el 6,5% y el 8% por año de adelanto, como el porcentaje se aplica sobre la base reguladora (4.070 euros) y no sobre la pensión real (2.683), para los sueldos altos queda en el 2% cuando para los más bajos sí supone el 8%. En euros, supondría unos 430 menos al mes para quienes se retiren en torno a los 63 años -ahora son unos 100-. En Euskadi, con los segundos salarios más altos de España tras Madrid, hay miles de personas en esta situación.

En UGT, las consideraciones lanzadas por el ministro Escrivá - no concretadas en ningún proyecto- han sentado muy mal. Ellos, como el resto de los sindicatos, están recibiendo muchas consultas de afiliados preguntando qué hacen, porque la música que queda de las intenciones del Gobierno es que todo el mundo -las rentas altas, pero también las bajas- perderá. Constata la zozobra provocada Raúl Arza, su líder en Euskadi, y Carmen Barrera, la secretaria de Seguridad Social de la central. «El 81,5% de la gente no se prejubila porque quiere, sino porque se echa a los mayores de 50. A unos se lo compensa la empresa; a muchos otros se les echa del tirón, se van al desempleo, luego a la jubilación... Un recorte de la pensión del 40% tras trabajar 40 años es intolerable .¿Endurecer el qué? Lo que hay que hacer es no prescindir de esas personas para luego externalizar el trabajo, y usar contratos de relevo que son buenos para el que se jubila y para el joven que entra. ¡Cuánta experiencia y conocimiento se pierde!».

El secretario general de la patronal vizcaína Cebek, Francisco Javier Azpiazu, también certifica las llamadas de sus asociados para pedir información sobre lo que está sucediendo. Pero «cada pensión es un mundo», dice, y por eso no se pueden ofrecer fórmulas generales. Prefiere poner el acento en el problema de los jóvenes. «¿Cómo mimamos a esos jóvenes de entre 23 y 26 años, con currículos impresionantes y unas ganas tremendas de trabajar? ¿Qué condiciones estructurales les ofrecemos y con qué salarios? Esa es la asignatura pendiente que tiene Euskadi en estos momento y que hay que resolver ya».

En los despachos de abogados, la presión preguntando sobre las prejubilaciones no ha llegado todavía en la misma medida que a la Seguridad Social, sindicatos y patronales, aunque llegará. Ahora están con los despidos colectivos y con los ERTE, la peor cara de la crisis. Y llegará porque las reformas que se introduzcan serán «a peor», comenta Begoña de Frutos, del despacho Garrigues. «¿Me jubilo, no me jubilo. No hay proyectos concretos y esto aún tiene que dar muchas vueltas».

Es el mismo pálpito que tienen en la firma de servicios profesionales PKF Attest. Por ahora, las palabras de Escrivá son «un globo sonda», pero «cada vez que hay crisis, hay prejubilaciones» y proliferan las dudas sobre si «es mejor pájaro en mano que ciento volando». Pero lo cierto, coincide con los sindicatos, es que todavía no hay concreciones. Aunque las habrá. Tiempo al tiempo.