Aumenta el temor a los impagos ante el incremento de los concursos de acreedores

Entre enero y septiembre los juzgados de lo mercantil del País Vasco han tramitado 266 concursos de pymes y autónomos, lo que supone un 36,4% más que en el mismo periodo de 2020. Pero también es un 22% superior a los nueve primeros meses de 2019. En esta misma línea, el informe sobre quiebras que elabora la firma Informa D&B, del grupo Cesce, avanza que hasta noviembre los concursos tramitados en Euskadi sumarían 295. Implica no sólo un alza del 35% en el último año, sino que también es la cifra más elevada desde el ejercicio 2016.

En este contexto se ha acrecentado el temor a que aumente la morosidad empresarial y más aún a los impagos, ya que más del 90% de las compañías que van a concurso terminan en liquidación y los proveedores tienen nulas posibilidades de cobrar tras los créditos prioritarios de Hacienda y la Seguridad Social.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, advirtió en septiembre sobre «el previsible incremento que va a registrar la morosidad este año» y puso en marcha un 'Observatorio de la Morosidad' que actualiza en la web datos sobre periodos medios de pago, facturas pendientes...

Lo cierto es que hasta ahora la morosidad no había subido con la pandemia. Se mantiene en los niveles de 2018 y 2019, lo que evidencia que los cortafuegos sí han evitado que se generase la bola de nieve de impagos empresariales que auguraban numerosas voces como consecuencia de la moratoria concursal: la no obligación de presentar concurso de acreedores a los dos meses de detectar la insolvencia, la imposibilidad de que los acreedores puedan instarlo y la no contabilización de las pérdidas como motivo para ir a liquidación.

Esta contención no significa que se pague en fecha, todo lo contrario, los periodos de pago se retrasan mucho. A pesar de que el plazo legal de pago a proveedores es de 30 días, los datos de Cepyme muestran que en el País Vasco el periodo medio de pago es de unos 82 (dos días menos que la media española) y que en septiembre fue de 81,1 días. Otra variable ilustrativa de la morosidad es el porcentaje de facturas que se pagan fuera de plazo: está estable, pero en un alto 70%.

El 23 de noviembre, el Gobierno central aprobó una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022, para dar «margen de tiempo adicional» a las empresas para que «puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso». Esta nueva ampliación hace que la moratoria sume ya los dos años.

Juan Recalde, abogado especialista en derecho concursal del despacho BSK Legal & Fiscal, recela de esta nueva ampliación de la moratoria: «El ánimo de la norma es bueno, el problema es que se prolonga». Aboga por afrontar «los problemas cuanto antes, porque hay situaciones que podrían tener arreglo si se cogen a tiempo, cuando aún hay activos y posibilidad para renegociar pasivos». Sin embargo, lamenta que la mayoría de las empresas «van tarde al concurso, con lo que van a liquidación». Aunque puntualiza que en parte esa tardanza se debe a que «el concurso no es un camino de rosas» y, lamentablemente, aquí «si vas a concurso estás estigmatizado». Se corta la financiación y los suministros, se pierden contratos... Lo que tampoco ayuda a la supervivencia empresarial.

El presidente de la Plataforma Multisectorial de la Morosidad, Antonio Cañete, constata que «las ayudas, avales y créditos han ayudado a que en esta crisis no haya habido problemas de liquidez, el dinero está fluyendo». Y añade que la primera moratoria concursal sí pudo contribuir a evitar una gran destrucción empresarial y a contener la morosidad. Sin embargo, duda de que esta estabilidad vaya a mantenerse mucho más tiempo y teme que en el fondo, con la ampliación de la moratoria, «se vaya tapando un problema más profundo» y que este emerja «cuando se quite el dopaje a la economía».

Más que la moratoria, lo que le preocupa al abogado de LKS Next José Ángel Rubio es el impacto que está teniendo la subida de los costes de la energía y las materias primas en los márgenes empresariales. «Si eso no se soluciona a corto plazo, hay compañías que lo van a pasar muy mal»», apunta. Y teme que las caídas «arrastren a otras empresas que no van a poder cobrar sus facturas». A estas alturas, estima que las sociedades en dificultades deben hacer un análisis realista de su situación «y si no ven posible remontar, no tiene sentido que se agarren a la moratoria».

Desde el mundo judicial, el magistrado Edmundo Rodríguez defiende el acierto que ha supuesto la exención concursal, «porque sin ella cientos de miles de pymes habrían ido a concurso por un problema coyuntural», en un contexto en el que la mayoría de las concursadas acaban en liquidación. Afirma que lo que interesa a las partes «es que se paguen las deudas, aunque en algunos casos sea algo más tarde. Es mejor cobrar tarde que no cobrar».

En Cepyme, a priori creen que la moratoria «ha sido esencial» para la supervivencia de muchas empresas, pero también ven preocupante la situación de proveedores que no pueden cobrar, ni exigir las deudas. Pero al igual que el magistrado, apuntan que para un suministrador en su balance no es lo mismo contabilizar un retraso que una deuda incobrable.