Anticorrupción pedirá investigar al BBVA por el 'caso Villarejo'

Francisco González presidió el banco hasta el pasado año./efe
Francisco González presidió el banco hasta el pasado año. / efe

La Fiscalía ve elementos para depurar si tuvo una responsabilidad jurídica, pero duda sobre hacer ya lo mismo con miembros del consejo del banco

J. A. BRAVO

La Fiscalía Anticorrupción considera llegada la hora de que BBVA, en calidad de persona jurídica, también sea investigada penalmente por el 'caso Villarejo' sobre presuntos espionajes que podrían haber sido ordenados desde la propia entidad. Sin embargo, por motivos de «estrategia procesal», aún se inclina por esperar un poco más antes de pedir la misma condición jurídica -figura que antes se conocía como imputado- para el anterior presidente del banco, Francisco González, si bien lo hará con seguridad.

Fuentes jurídicas, no obstante, matizaron que ello no prejuzga la responsabilidad penal que pudiera tener BBVA como empresa. Aunque los fiscales encargados de esta causa, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, disponen de elementos para determinar que el papel del banco en los hechos investigados pudo no haber sido neutro y, por lo tanto, es necesario depurar cuál fue realmente su actuación al respecto y el grado de conocimiento que tuvieron sus altos responsables.

Según consta en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -una pieza separada de la denominada 'operación Tandem' cuyas diligencias están bajo secreto-, el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo empezó a realizar una serie de trabajos reservados para BBVA desde 2004 hasta 2017, por los que habría cobrado en total cerca de diez millones de euros. Los servicios los prestó la sociedad Cenyt y se cree que contó con la colaboración remunerada de miembros de la Policía.

Por eso, entre los delitos que se investigan figuran el cohecho pasivo (pagos a funcionarios), la corrupción entre particulares y la revelación de secretos y/o vulneración de la intimidad. En un segundo plano, pendiente de profundización, quedaría la posibilidad de que se hubiera incurrido también en delitos societarios por uso indebido de fondos procedentes del banco.

La línea argumental de los fiscales es que fue Francisco González quien ordenó contratar al policía

«Por cuenta de...»

Los representantes del Ministerio Público se apoyan legalmente en la redacción del artículo 31 bis del Código Penal, y estiman que hay elementos a priori para sospechar que se habrían podido realizar dos clases de delitos que determinarían la responsabilidad jurídica de la entidad financiera. De un lado, «cometidos en nombre o por cuenta» de ella -las pesquisas tratan de aclarar si parte de las escuchas (Villarejo y sus socios pudieron monitorizar más 15.000 llamadas gracias a bases de datos policiales) y seguimientos tenían como objetivo a los actores del 'asalto' frustrado a la jefatura del banco entre 2004 y 2005 desde la constructora Sacyr, y con el visto bueno del gabinete de Zapatero-; o bien «en el ejercicio de actividades sociales» por sus «representantes legales» o quienes, de forma individual como «integrantes» de uno de sus órganos, estaban «autorizados para tomar decisiones» en su nombre «u ostentan facultades de organización y control» en él.

La principal línea argumental que sigue la Fiscalía -y, con ella, el juez instructor- es que fue el propio Francisco González quien directamente, o probablemente a través de terceros -se estima que pudo ser el entonces jefe de Seguridad de BBVA, el excomisario Julio Corrochano, en libertad bajo fianza de 300.000 euros-, ordenó contratar los servicios de Villarejo, o bien de alguna persona de «cualidades similares» que pudiera realizar los trabajos «delicados» que se pretendían, señalan las fuentes citadas. Por eso, en Anticorrupción estiman que también se cumpliría la condición que exige el Código Penal respecto a la responsabilidad jurídica, en cuanto a que los posibles actos delictivos sean «en su beneficio directo o indirecto».

Para quedar «exenta» de la misma -amén de que el Ministerio Público no pudiera probar sus sospechas al final de la investigación- deberían cumplirse hasta cuatro «condiciones» -según prevé el propio Código-: que el consejo de administración hubiera «adoptado y ejecutado con eficacia» un programa de prevención de delitos; que su supervisión la haga un órgano con «poderes autónomos»; que los autores del delito hubieran eludido los controles «fraudulentamente» y que «no se hubiera producido una omisión» o «ejercicio insuficiente» de las funciones de «vigilancia y control».

Lo que la Fiscalía aún sigue meditando es si pedirá que se investigue también a los consejeros del banco en esos años, o bien a alguno de sus miembros -solo tres de los 15 consejeros actuales también lo eran en 2004, cuando se contrató por vez primera a Villarejo-. Es probable que antes se pida más documentación al banco y se espere «el momento procesal oportuno» para decidirlo.