La actuación de la UE no afecta al proceso de adquisición del banco vasco

Pero este expediente de la Comisión Europea no tendrá afección alguna sobre la opa en curso, ni sobre las condiciones exigidas por el Consejo de Ministros al banco vasco. Estas, en caso de que la operación se materialice, obligan a mantener ambas marcas, sus negocios y figuras jurídicas de modo independiente, así como no cerrar la red de oficinas ni efectuar despidos en las plantillas. Unos requisitos que deben mantenerse tres años ampliables hasta cinco.

La Comisión Europea pide explicaciones al Gobierno porque considera que la normativa nacional -las leyes de Solvencia Financiera y la de la Defensa de la Competencia-, en la que se apoyó Moncloa para actuar, vulnera competencias exclusivas del BCE y la propia normativa comunitaria en materia de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales. Se cuestiona, por lo tanto, la legislación española y su compatibilidad con las directivas de la UE. Así, este tipo de expedientes no busca levantar las medidas impuestas por el Gobierno, sino obligar al Estado miembro a modificar su legislación.

Por ello, el procedimiento de la opa, que está a la espera de la publicación del folleto por parte de la CNMV, sigue adelante. Así lo indicó ayer el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al recordar que «el inicio de este procedimiento de Bruselas no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell». «Son dos planos que avanzarán en paralelo», insistió.

En el proceso, está previsto que el regulador de los mercados (CNMV) haga público el folleto con los detalles de la opa en torno al 25 de julio. Entonces corresponderá a BBVA establecer el periodo de aceptación de su propuesta; una ventana que puede extender hasta en 70 días y que el mercado da por hecho que mantendrá hasta septiembre.

Mientras tanto, el Sabadell celebrará el 6 de agosto una junta de accionistas para aprobar la venta de su filial británica, TSB, por 3.100 millones al Santander. Una cantidad de la que repartirá 2.500 millones en dividendos una vez formalizada la operación, en el primer trimestre de 2026. Ese movimiento ha disparado el valor en Bolsa del banco catalán obligando a BBVA, según el consenso de los mercados, a contemplar una mejora de su oferta.

La propuesta de canje del banco vasco asciende a uno de sus títulos y 70 céntimos por cada 5,3456 acciones del Sabadell. Esa valoración, según la cotización de ayer, está casi un 15% por debajo de la capitalización de la entidad vallesana.

En cualquier caso, el movimiento de Bruselas sí representa un espaldarazo legal a BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres había advertido de la posibilidad de llevar a los tribunales la decisión del Gobierno de España. En su análisis jurídico, la intervención de Moncloa en aras del «interés general» solo cabía si era para flexibilizar las medidas acordadas en el trámite de Competencia, que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El expediente abierto, además, redunda en la apuesta comunitaria por avanzar en la unión bancaria y defiende que «estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos». Un refuerzo de la argumentación defendida por BBVA en todo el proceso.