Los 150.000 trabajadores del sector público vasco están llamados hoy a la tercera huelga en medio año

La protesta afecta a todas las áreas dependientes de la Administración -transporte, Educación, Osakidetza, Lakua, diputaciones, ayuntamientos...- y tiene como lema 'A favor del servicio público, consensuar aquí los salarios y el empleo'. Desde primera hora se realizarán piquetes informativos y después se dará paso a manifestaciones en las tres capitales vascas, a partir de las 11.30 horas. Los sindicatos han impugnado los servicios mínimos al considerarlos abusivos. «En algún caso habrá más personal trabajando que en un día normal», denuncian.

La huelga se presentó a mediados de febrero en la sede de ELA, antes de que se confirmase la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de abril, aunque ya se daba por descontado que se celebrarían en ese fecha. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y otros representantes del Gobierno vasco y del PNV han arremetido en varias ocasiones contra los sindicatos por estas movilizaciones, al interpretarlas como una estrategia alineada con Bildu para desgastarles de cara a las urnas. La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, aseguró, tras conocerse la convocatoria, «que no existen razones objetivas para llamar a la huelga» e insistió en que mantienen «las puertas abiertas al diálogo». Recordó que se están llevando a cabo procesos de consolidación de interinos para bajar la temporalidad y que ha ofrecido mejoras como flexibilidad en el horario o un permiso de 50 horas para cuidar menores de 8 años, pero que han sido rechazadas.

Los sindicatos, sin embargo, consideran que no ha habido avances desde las anteriores huelgas. «A pesar de las declaraciones de las instituciones y representantes políticos manifestando su voluntad de diálogo, las condiciones laborales de los empleados públicos siguen empeorando», denuncian.

Una de las principales reivindicaciones es recuperar el poder adquisitivo perdido y la exigencia de que los partidos políticos vascos reclamen en Madrid que las decisiones sobre salarios y OPE se tomen en Euskadi. En este sentido, el PNV negoció con el PSOE, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, disponer de un mayor margen de maniobra, pero las centrales tacharon el acuerdo de insuficiente. «A fecha de hoy se mantienen los mismos vetos. Claro ejemplo de ello es que en los Presupuestos para 2024 se incluye en un artículo un sometimiento expreso a las decisiones de Madrid en materia de salarios y empleo», afirma el responsable de ELA.

La subida salarial de los funcionarios el año pasado fue del 3,5%. Los sindicatos estiman que ha habido una pérdida de poder adquisitivo del 8% solo en los dos últimos años y del 20% desde 2010. Exigen, por tanto, un incremento salarial del 10% para 2024 y un compromiso de recuperación de la deuda contraída. El Gobierno central tiene previsto un aumento del 2,5% para este ejercicio, pero todavía no se ha aplicado porque está pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales.

También reclaman cerrar la puerta a las privatizaciones y reducir la temporalidad desde el 44% actual al 8%, un objetivo que a su juicio no se va a cumplir porque las OPE y los procesos de consolidación son insuficientes. Otras de sus exigencias son aliviar las cargas de trabajo, euskaldunizar las plantillas y recortar la jornada a 32 horas semanales.